Page advierte a Sánchez de que su política afecta a las comunidades
Denuncia que algunas medidas nacionales tienen «sobrecostes» que asumen las autonomías
El presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, se plantó ayer ante el Gobierno de Pedro Sánchez y le mandó un aviso: sus políticas nacionales no pueden repercutir negativamente en el resto de las comunidades autónomas. Page, que mantiene una relación distante con el también líder de su partido por los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas y que es contrario a la ley de amnistía, vuelve a abrir otro frente al Gobierno, al que posiblemente se sumarán otros territorios con el objetivo de preservar la financiación de sus comunidades.
El también barón socialista envió una carta al jefe del Ejecutivo para trasladarle que «observa con preocupación» como la adopción de «diversas actuaciones y medidas por parte de los diferentes Gobiernos de España han tenido una clara incidencia, tanto desde la vertiente de los ingresos como de los gastos, en el ámbito de la financiación y de las relaciones entre las haciendas públicas estatal y autonómicas». A través de la misiva, el líder regional solicita a Pedro Sánchez que en la próxima Conferencia de Presidentes se consesúe un acuerdo para que las comunidades autónomas no pierdan por las políticas que la Administración General del Estado decide. Así, GarcíaPage pide al presidente del Gobierno un acuerdo para que la Administración General establezca todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan un incremento de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas contengan la valoración correspondiente y no impliquen una disminución de los márgenes de autonomía para desarrollar sus competencias propias. Dicho compromiso «debe ser trasladado a la normativa básica del sistema de financiación de las comunidades autónomas». Un modelo caduco desde el 2014 y que de momento continúa en «stand by» debido a que la renovación del sistema depende de la voluntad del PP, que gobierna en la mayoría de comunidades. Todavía no hay consenso entre Hacienda y PP para proceder al diálogo.
Page busca que la aprobación de normartivas estatales que puedan
Pide un compromiso para que los acuerdos nacionales cuenten con financiación adecuada
favorecer a una comunidad en concreto no conlleve aparejado que la financiación de esa comunidad pueda suponer un «menoscabo» de los recursos financieros del resto de comunidades. Cataluña, por ejemplo, exige un trato singular y ante esto, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía o la Comunidad Valenciana exigen abrir el diálogo para conseguir una compensación al ser regiones objetivamente infrafinanciadas.
Ejemplifica el presidente de Castilla-La Mancha que, en su región este elemento «nos pone en enormes dificultades para poder cumplir con las exigencias» que la ciudadanía marca en políticas consolidades como sanidad, servicios sociales o infraestructuras.
El presidente regional destaca también que la realización de modificaciones normativas por parte del Estado sobre tributos cedidos supone “una minoración de su rendimiento como las aplicadas al impuesto especial sobre la electricidad y al impuesto sobre el Valor Añadido”. En el apartado de gastos, explica, que los sobrecostes derivados en el ámbito de la atención a personas con discapacidad, tras la aplicación del acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia cifra en más de 32 millones de euros hasta 2030.
En el caso de la enseñanza universitaria, el gobierno regional estima que la aplicación de la ley orgánica del Sistema Universitario, está suponiendo un incremento muy notable de los costes de las universidades con implantación en la regióny,portanto,delasobligaciones financieras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Una iniciativa que todavía no ha recibido respuesta por parte del Ejecutivo, aunque la ministra de Vivienda,IsabelRodríguez,reconoció ayer que la reforma de financiación es «una tarea pendiente» para el Gobierno.