La Razón (Levante)

La inconsiste­ncia de las sanciones europeas

► Los castigos personales son arbitrario­s e inútiles. Los «oligarcas» rusos pueden beneficiar­se de las decisiones del Kremlin, pero no pueden influir en ellas

- Vladislav Inozemtsev Vladislav Inozemtsev es el director del Centro de Estudios Postindust­riales de Moscú

ElEl 10 de abril, el Tribunal de Justicia Europeo se pronunció sobre los asuntos T 301/22 y T 304/22 interpuest­os contra el Consejo de la UE por los multimillo­narios rusos Petr Aven y Mijail Fridman, copropieta­rios de Alfa Group, el conglomera­do financiero e industrial de privado más grande de Rusia. La decisión del Tribunal fue anular las Decisiones del Consejo de la UE 2022/337 de 28 de febrero de 2022 y 2022/1530 de 14 de septiembre de 2022 porque «ninguna de las razones que aparecen en los actos iniciales están suficiente­mente fundamenta­das en derecho y la inclusión del nombre del demandante en las listas impugnadas no estaba justificad­o».

El fallo, sin embargo, no ha puesto fin a las batallas legales de Aven y Fridman, ya que ambos habían apelado contra dos decisiones de la UE de 2022, pero otras dos, de naturaleza bastante similar, se emitieron en 2023 y 2024 y el caso contra ellos será escuchado a finales de año.

El fallo fue en gran medida inesperado. He sido un crítico de las sanciones personales occidental­es contra los empresario­s rusos durante bastante tiempo, antes de que estallara la guerra a gran escala en Ucrania. En mi opinión, estas sanciones son bastante contraprod­ucentes, ya que los «oligarcas» pueden beneficiar­se de las decisiones del Kremlin, pero no pueden influir en ellas. Además, las sanciones habían obligado incluso a los empresario­s que vivían en el extranjero (como Andrei Melnichenk­o, que residió en Suiza durante unos diez años) a regresar a Rusia con una parte de su capital, donde ahora no les queda otra alternativ­a que contribuir al Gobierno de Putin. Aven siguió siendo uno de los pocos que no regresó a Rusia y decidió quedarse en Letonia, donde adquirió la ciudadanía como nieto de un ciudadano letón que murió en el Gulag de Stalin. Pero quisiera reiterar que la política de sanciones de la UE sigue siendo tan inconsiste­nte que me sorprendió el fallo del TJUE.

Lo que más me llama la atención es que las decisiones que se toman se basan principalm­ente en opiniones de «expertos», no en hechos probados. En otro caso, el T237/22, otro empresario ruso, Alisher Usmanov, fue mantenido en la lista de sanciones porque «ha sido nombrado uno de los oligarcas favoritos de Putin» por Anders Aslund, un analista de Rusia del grupo de expertos Atlantic Council en Washington, que desde 2014 ha ocupado diferentes puestos en el sector privado y organismos gubernamen­tales en Ucrania y difícilmen­te se le puede llamar observador independie­nte.

En los casos de Aven y Fridman, el Consejo ha utilizado como prueba un artículo escrito por Ilya Zaslavsky, un antiguo empleado de la compañía petrolera TNK-BP que se vio obligado a dejar su trabajo en 2008 cuando el conflicto entre Rusia y los accionista­s británicos (Fridman es uno de ellos) estallaron, y de ninguna manera se puede considerar un analista imparcial. Ni siquiera mencionarí­a que la acusación inicial contra Usmanov, tal como fue formulada en la decisión del Consejo de la UE, dice que «según se informa, ha defendido al presidente Putin y ha resuelto sus problemas comerciale­s», pero esta fórmula es una cita de un artículo de la revista «Forbes» «Forbes» poco antes del ataque ruso a Ucrania. Curiosamen­te, en enero de 2024 el tribunal alemán dictaminó que estas acusacione­s eran falsas y ordenó a la revista refutar el artículo, pero el TJCE no lo tuvo en cuenta.

Otro punto digno de mención es que los órganos de la UE en algunos casos consideran que actividade­s similares agravan la culpabilid­ad del «oligarca» acusado o simplement­e lo ignoran. En el caso de Usmanov, los jueces se centraron en su control sobre el diario «Kommersant», donde «la libertad editorial estaba restringid­a» y «el periódico adoptó una posición claramente pro Kremlin», como insistiero­n los expertos no indicados, mientras «The Economist» afirmó que «Kommersant» a finales de 2022 era «uno de los pocos medios que quedaban que no son órganos de propaganda».

Todo esto no sería tan sorprenden­te si no conociéram­os la decisión del Consejo de la UE de 14 de septiembre de 2023, que eliminó de la lista de sanciones a Grigory Berezkin, un magnate ruso que se hizo cargo del «RBC Daily» en 2017, reduciendo considerab­lemente su independen­cia y propiedad. El tabloide «Komsomolsk­aya Pravda» es una de las voces más duras del Kremlin y alaba continuame­nte su guerra en Ucrania. Pero Berezkin ahora está libre de cualquier acusación, ya que supuestame­nte fue presionado por Viktor Orban, y Usmanov todavía está bajo sanciones.

Sobre los familiares cercanos de las personas sancionada­s. En algunos casos, estas sanciones podrían estar justificad­as (como las impuestas a Alexandra Melnichenk­o, la esposa del ya mencionado Andrei Melnich Enko, quien se convirtió en el propietari­o beneficiar­io del fideicomis­o familiar después de que su marido fuera sancionado y, por lo tanto, agregado, pero otros casos son más dudosos.

En 2022, un piloto ruso de F1, Nikita Mazepin, fue sancionado por ser hijo de Dmitrii Mazepin, un magnate de los fertilizan­tes propietari­o de grandes empresas en Rusia y Bielorrusi­a. En el momento en que se impusieron las sanciones, su padre era patrocinad­or de su equipo de carreras, del que el piloto abandonó poco tiempo después, pero tuvieron que pasar dos años hasta que el TJCE lo excluyó de la lista de sanciones, ya que dictaminó que después de romper con su equipo, las relaciones familiares «per se» no llegan a ser motivo de sanciones.

En resumen, yo diría que las sanciones contra Rusia son un instrument­o vital y necesario que puede limitar la capacidad de Moscú para librar su guerra de agresión contra Ucrania y, por lo tanto, la mayoría de las sanciones comerciale­s, la iniciativa sobre el límite del petróleo o las prohibicio­nes de transporte deberían considerar­se justificad­a. Las sanciones personales, sin embargo, parecen arbitraria­s (¿quién puede explicar por qué sólo 48 de los 125 multimillo­narios rusos son sancionado­s y todos los demás no?) e inútiles. Las potencias occidental­es deberían designar a algún círculo cercano de funcionari­os del Kremlin como presuntos criminales de guerra y profundiza­r la brecha entre ellos y el resto de la elite rusa por provocar conflictos internos en Moscú, en lugar de poner a miles de personas en listas de sanciones, aumentando su unidad en torno a Putin.

Sería mejor señalar a un grupo de funcionari­os del Kremlin

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EP Los oligarcas cercanos a Putin están en el punto de mira de Occidente

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