La Ley de Memoria Democrática o cómo adoptar un solo relato
El nuevo texto del Gobierno de Pedro Sánchez reanuda la tarea de hacer política con la historia reciente. Se aprobará este año
Uno de los elementos más claros de continuidad entre la Presidencia de Rodríguez Zapatero y la de Sánchez es la Memoria, la Memoria más o menos histórica, digámoslo así, porque es bien sabido que la musa de la historia y la de la memoria mantienen relaciones harto complicadas. En diciembre de 2007, el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó, sin que mediara compromiso electoral alguno, su Ley de Memoria Histórica. Cuando su sucesor estuvo bien establecido en su segundo gobierno, mediado el mes de septiembre de 2020, el de Sánchez aprobó la suya, bautizada como Ley de Memoria Democrática. Lo de «histórica» no bastaba. Había que hacer explícito el designio de la primera ley. Apropiarse de la historia de España y manipularla a fondo, en primer lugar. Luego culminar la ruptura con los pactos fundacionales de la Transición ya iniciada en el anterior mandato socialista. Y, por fin empezar a construir, sobre lo ya realizado por su antecesor, un nuevo régimen de orientación republicana, gobernado exclusivamente, y para siempre, por republicanos, como el que no lograron levantar los gobernantes de la Segunda República.
Para que las cosas quedaran bien claras y nadie se llamara a engaño, el Título preliminar, que en un primer momento parece incluir en la «memoria democrática» a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la represión posterior, se limita luego a mencionar el «golpe de Estado del 18 de julio» sin la menor referencia a las decenas de miles de víctimas de los republicanos, desde la sublevación violenta de Jaca en 1930 hasta los últimos días de la guerra. La memoria, sea histórica o democrática, tiene estas cosas: que los lapsus son tan significativos, a más, que lo recordado. No es pequeña ni ligera la herencia la que, por confesión propia, aunque inarticulada, asumen quienes así se empeñan en seguir haciendo política con la historia.
En realidad, el gran logro, por ahora, de este segundo Gobierno de Sánchez es la redacción de este anteproyecto, que el covid-19 ha impedido elevar a categoría de Ley. Llegará a no mucho más tardar, como declaró la vicepresidenta Carmen Calvo en su presentación, cuando insistió en que la Ley busca «la verdad». El Gobierno de Sánchez, obviamente, sabe lo que es la verdad histórica, está capacitado para enunciarla y, cómo no, para dictarla a sociedad española. En esto la vicepresidenta seguía el espíritu de la «Comisión de la Verdad» anunciada en el proyecto de ley que el grupo socialista presentó en el Congreso en diciembre de 2017, y que tanta polémica suscitó.