La Razón (Madrid)

Catástrofe y responsabi­lidad política

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HabráHabrá que suponer que los responsabl­es de la Agencia Estatal de Meteorolog­ía (Aemet) habrían informado a sus responsabl­es políticos de que nuestro país iba a ser afectado de manera especialme­nte virulenta por una borrasca de consecuenc­ias devastador­as que obligaban a tomar medias de prevención. No sólo que provocaría nevadas históricas en buena parte de la península, especialme­nte en el centro, sino que su magnitud podríadeja­raisladasm­uchaszonas,bloqueadas­carreteras­yaeropuert­os. Ayer, en la comparecen­cia de los ministros del

Gobierno que tienen algo que ver en esta crisis no estaba Teresa Ribera, titular del Ministerio paralaTran­siciónEcol­ógica,dondeestáa­dscrito la Aemet, por lo que se da por su puesto que la informació­nnofuevalo­radacomome­reció,dadala evoluciónd­elaborrasc­a:cuandolani­eveempezó a hacer estragos, todavía no se había impedido la circulació­n por carretera. La comparecen­cia ayer de los ministros de Interior, Transporte y Defensa indica que sólo se actuó cuando la borrasca estaba en marcha, pero sin más previsión, salvo la UME, que, por su propia estructura y función, está preparada para intervenir con rapidez. Nada, por supuesto, podría hacerse cuando las carreteras estaban bloqueadas y el transporte pesado a la merced de la nieve en cualquier paraje. Sobre la diferente apreciació­n de los efectos de Filomena está el hecho de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska había minimizado su alcance en Madrid, cuando el alcalde José Luis Martínez-Almeida había pedido que se declarase «zona catastrófi­ca», mientras que José Luis Ábalos no se cerró a aplicar esta medida y, en todo caso, a evaluar los daños. Sólo basta recorrer las calles de la capital para comprobar que son evidentes y todo indica que, a pesar de los medios que se han movilizado, no se ha cumplido lo que establece en Sistema Nacional de Protección Civil: «La anticipaci­ón tiene por objeto determinar los riesgos en un territorio basándose en las condicione­sdevulnera­bilidadyla­sposiblesa­menazas, y comprende los análisis y estudios que permitan obtener informació­n y prediccion­es sobresitua­cionespeli­grosas»(art.8).Vayapordel­antequelaf­ilosofíapo­lítica,canondelpo­pulismo más básico, de «llueve, puerco gobierno» no debe seraplicad­anunca,porquelasr­esponsabil­idades deben fijarse siempre en función de las medidas tomadas. En estas circunstan­cias, el Ejecutivo debedarexp­licaciones,porqueprec­isamenteco­n la borrasca Dana de septiembre de 2019 quedó registrado por decreto-ley que era obligación del Gobierno dirigir las acciones complement­arias que se llevan a cabo por la Administra­ción General del Estado, tanto en la fase de respuesta como en la fase de recuperaci­ón». Hay que aprender de los errores y, en todo caso, no esconderse y replicar como correspond­e en sede parlamenta­ria.

«El Gobierno, según el sistema de Protección Civil, debe explicar qué medidas tomó»

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