Más subidas de impuestos para todos
El Gobierno de PSOE-Podemos es un gobierno que apuesta claramente por subir impuestos para agrandar el tamaño del Estado. Aprobó aumentos impositivos en 2020 (Tasa Tobin, Tasa Google, IRPF, Sociedades, IVA sobre bebidas azucaradas, impuesto a los plásticos de un solo uso...) y al parecen piensa volver a hacerlo en 2021. Para muchos de sus votantes, incrementar la presión fiscal es una magnífica idea porque permite extraer recursos de «los más ricos» para dárselos al resto de la sociedad. Pero, dejando de lado la perversión moral que por sí sola ya supone esta idea, la realidad está muy alejada de las aspiraciones de sus votantes.
Del mismo modo que los incrementos incrementos impositivos de 2020 no afectaron ni exclusiva ni mayoritariamente a «los más ricos», los que vienen durante los próximos meses tampoco lo harán. Según acaba de filtrar Hacienda, los nuevos tributos en los que trabaja serán los siguientes. Primero, eliminación de deducciones dentro del Impuesto sobre Sociedades. No se han concretado cuáles pero supondrán una subida del tipo efectivo en este tributo, que podría afectar a las grandes empresas y a las pymes. Segundo, armonización autonómica del Impuesto sobre el Patrimonio y del de Sucesiones y Donaciones, una medida que perjudicará especialmente a los residentes en autonomías como Madrid y que, nuevamente, podría afectar a los más ricos pero también a los ciudadanos corrientes. Tercero, aumento del Impuesto sobre el Tabaco y sobre el Alcohol, lo cual perjudicará a todos los usuarios de estos productos. Cuarto, restricción del sistema de módulos dentro del IRPF, lo que implicará un aumento de impuestos sobre todos o parte de los 400.000 autónomos que hoy lo emplean. Quinto, Quinto, nuevos impuestos medioambientales sin concretar, pero que, como casi todos ellos, afectarán al conjunto de ciudadanos. Sexto, incremento de la fiscalidad sobre el diésel, algo que también afecta a la mayoría de la población. Séptimo, revisión de los tipos reducidos del IVA del 10% para reclasificar algunos de los productos así gravados (alimentación, restauración, transporte, asistencia dental...) al tipo general del 21%; algo que, como en los otros casos, afectará a todos los consumidores. Y octavo, creación de un cuerpo especial de inspectores dirigido a combatir la economía sumergida. Es decir, a detectar fraude entre autónomos y pequeñas empresas (pues las grandes están necesariamente expuestas en la economía «emergida»). Al margen de la opinión que podamos tener sobre la economía sumergida, combatirla supone aumentar la recaudación estatal a costa de autónomos y pymes, no de los más ricos.
En suma, el Gobierno volvió a mentir cuando nos juró que las subidas de impuestos las pagarían los más ricos.