El instructor se apoya en la Fiscalía General

El auto de 12 de enero en el que el juez Juan José Escalonilla mantiene imputado a Podemos como persona jurídica recurre a una Circular de 22 de enero de 2016 de la Fiscalía General del Estado que pone de manifiesto que un modelo de organización y gestión, además de tener eficacia preventiva, debe posibilitar la detección de conductas criminales e imponer «la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y la observancia del modelo de prevención». Además, el Ministerio Fiscal destaca que «cualquier programa eficaz depende del inequívoco compromiso y apoyo de la alta dirección de la compañía». De esta forma, el comportamiento y la implicación de «los órganos máximos del partido y de las personas encargadas de su gestión en los diversos ámbitos, son claves para trasladar una cultura de cumplimiento al resto de la compañía. Por eso, prosigue el juez aludiendo al ministerio público, «si los principales responsables de la entidad incumplen el modelo de organización y de prevención o están recompensando o incentivando directa o indirectamente a los empleados que lo incumplen, difícilmente puede admitirse que exista un programa eficaz, que refleje una verdadera cultura de respeto a la ley en la empresa» y los partidos.