Una licitación más baja para pagar menos impuestos
Escalonilla archiva su investigación sobre las obras de la sede de Podemos
El juez Juan José Escalonilla ha decidido sobreseer de forma provisional su investigación sobre la remodelación de la sede de Podemos por los delitos de apropiación indebida pese a asegurar que esta operación «resulta totalmente contraria al procedimiento propio de una licitación pública» que fue licitada por 649.936 euros y se adjudicó en 1.361.055 euros: «Más del doble de su importe, hecho que realmente resulta insólito, máxime teniendo en cuenta además que el Consejo de Coordinación de dicho partido político había autorizado el mismo día 20 de mayo de 2019 la ejecución de las obras conforme al importe fijado en el proyecto de ejecución de dicho arquitecto», completa el instructor.
Además el juez, que recuerda que el arquitecto declaró que finalmente el coste de las obras ascendió a 1.498.680 euros, sostiene que Podemos especificó un importe tan bajo (649.936 euros) en el proyecto básico «para pagar al Ayuntamiento de Madrid una cantidad inferior a la establecida para el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras»: «De hecho», prosigue Escalonilla, «se ha requerido en dos ocasiones a Podemos a los efectos de que presentara la documentación acreditativa de la regularización del pago de dicho impuesto – por error material se hizo referencia al pago de la licencia de obras – sin que hasta la presente fecha se haya presentado el documento acreditativo de la liquidación final del importe del ICO conforme al valor real de las obras. Todo lo expuesto explica la divergencia existente entre el precio de licitación y el precio de adjudicación».
Por ello, el juez acuerda dar traslado al Ayuntamiento de Madrid del informe presentado por el arquitecto de la sede de Podemos «por si procediera realizar por parte del Consistorio una liquidación final del ICO conforme al valor real de la obra de rehabilitación ejecutada en el edificio».
Además, Escalonilla indica que consta indiciariamente acreditado que Podemos «no licitó realmente dichas obras», sino que hizo una adjudicación directa a seis empresas, «incumpliendo lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley sobre financiación de partidos políticos».
Manuel Castillo Lozano, administrador solidario de la contratista principal, Rozas Castilla S. A. manifestó en su declaración que conocía al arquitecto con anterioridad a la obra de autos: «Y que éste contactó directamente con dicho testigo a mediados de mayo de 2019, facilitándole los planos y medidas de las obra, para la ejecución de los trabajos [...] remitiéndole dicho testigo un presupuesto, recibiendo posteriormente una llamada de teléfono de dicho arquitecto comunicándole que le habían adjudicado el contrato».
Dicha contratación, que fue la principal, toda vez que las partidas ejecutadas por dicha empresa se encontraban presupuestadas en 612.949 euros, ascendiendo finalmente a 752.008,10 euros, se realizó por tanto de manera directa, «desconociendo incluso dicho testigo la presunta licitación pública de dichas obras en la página web de Podemos», dice el auto, en el que el juez concluye que la falta de licitación pública de dichas obras de rehabilitación «no constituye delito alguno», por lo que decide sobreseer su investigación sobre las obras de la sede del partido morado en Madrid.
En el mismo sentido, Escalonilla acuerda el sobreseimiento provisional de la investigación de un presunto delito de descubrimiento de secretos y vulneración de la intimidad de la abogada Marta Flor Núñez, en relación al supuesto acceso no autorizado al contenido del disco duro del ordenador de la letrada, ya que ninguno de los afectados lo ha denunciado.