«EL ACERCAMIENTO DE LOS PRESOS SUPONE UN PASO A FAVOR DEL BIENESTAR DE LAS PERSONAS»

Entre los argumentos que ha expuesto la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, que como es inevitable suponer solo puede ser del Gobierno Vasco, Olatz Garamendi, para que se transfiera la gestión de las cárceles está «obviamente» –remarca con ese incisivo adverbio de modo por si alguien no lo sabía– el de que «supone un paso a favor del bienestar de las personas». Nada más loable que una gobernante se preocupe del bienestar de sus prójimos vivos. Algunas constituciones recogen entre sus derechos el de la felicidad, y ya sabemos que nadie puede recurrir por llevar una vida desgraciada. El breve Estatuto de Autonomía del País Vasco se compone de 47 artículos –frente a los 223 del de Cataluña–, porque no necesitaba más cuando se aprobó en 1979. Bien que lo dejaron claro en la disposición adicional: «La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico». Dada que su historia es eterna e imborrable, quedan muchas actualizaciones, como acercar los presos condenados por terrorismo a las tres prisiones vascas –¿y qué pasa con los navarros?– e intentar que alcancen el bienestar por el que lucharon dejando la sangre de los otros. En el artículo 9 también se dice que se «adoptarán aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales». Pero no pudo ser. ¿Quién iba a saber que todavía quedaban 621 asesinatos, sin contar los 9 que se cometieron desde la aprobación por referéndum del Estatuto, el 25 de octubre de 1979? Alguien, muerto arriba, muerto abajo, lo sabría. Así que ha llegado la hora de transferir las prisiones y el régimen penitenciario para beneficio de esos ciudadanos vascos, que lo suyo han esperado, como la consejera Garamendi ha recordado: «Supone ejecutar una transferencia previstahacemásde cuarenta años».