Un plan para la salud de todos
El cumplimiento del plan de vacunación que aprobó el Gobierno en diciembre nos está demostrando una vez más que existen 17 diferentes planes de vacunación, como consecuencia de la falta de cumplimiento de las disposiciones aprobadas por el Consejo Interterritorial
de la Sanidad española el 9 de septiembre de 2020, que en resumen nos adelantaban que sería el Ministerio el que estableciera las estrategias de vacunación comunes a todas las comunidades autónomas, que se crearía un registro estatal de vacunación, también colaboración con los presidentes regionales, y que se adquirirían y distribuirían las vacunas necesarias.
Se hablaba entonces de la necesidad de un «mando central y coordinado» que velara por el cumplimiento de la estrategia de igual forma en todo el territorio, pero quizá porque la estrategia del Ministerio se aprobó sin el consenso de las autonomías,
ahora vivimos esos 17 planes distintos y con resultados muy diferentes. Mientras unas comunidades ya han vacunado a los grupos considerados de «especial riesgo», otras van con procedimientos especialmente lentos, al tiempo que en algunas no han vacunado a todas las personas que deberían haber recibido la primera dosis, porque se han «guardado» los envases necesarios para administrar la segunda «por si acaso» el Gobierno no enviara las vacunas necesarias para ello. Sin embargo, alguna sí ha comenzado a vacunar a otros colectivos, como a los sanitarios jubilados. Mientras tanto, necesitamos saber a qué grupos se deben seguir vacunando.
Los que deberían haber recibido ya la primera dosis son los «residentes y personal sanitario y sociosanitario» de las residencias geriátricas y centros de discapacidad, conformados no solo por profesionales sanitarios, sino también por los administrativos, el personal de limpieza y de cocina, además de a todos aquellos profesionales que aún de ámbito externo, como los podólogos o fisioterapeutas, atiendan a estas de riesgo. Dentro de este primer grupo se debería haber incluido a docentes de guarderías, colegios, institutos y universidades para garantizar la máxima seguridad en todos los aspectos
educativos, así como a los conductores del transporte público y a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Después y en el «segundo grupo», se debería vacunar a todo el personal sanitario y sociosanitario en «primera línea» y en función del riesgo que asumen por la atención directa y por ello, también a los administrativos, personal de limpieza, voluntarios y estudiantes en prácticas. Son los que conforman la atención en los servicios de urgencia y emergencias, en los centros de salud, en la atención domiciliaria y todos aquellos que trabajan en el transporte sanitario. Sin olvidar al personal de los «equipos de vacunación» (sanitarios y administrativos).
Una vez conseguido este objetivo, el plan establece, con buen criterio, que se debe vacunar al resto de personal sanitario y sociosanitario, junto a los grandes dependientes, los que necesitan de grandes medidas de apoyo y que no están institucionalizados, y a los profesionales y familiares «cuidadores» de todas las personas que, aún en el domicilio, son de alto riesgo. Y después a todos los mayores de 60 años y al resto de la población, incluidos a todos los jóvenes.