Moncloa declara Madrid zona catastrófica pero ve «desviada» la factura de Almeida
El Ejecutivo advierte a Almeida de que su cuantificación está «bastante desviada»
La presión de las comunidades autónomas sobre Moncloa sigue dando sus frutos. En plena pugna por las restricciones para hacer frente a la tercera ola del virus, el Gobierno cede ante las pretensiones autonómicas en otra de las fricciones que ha monopolizado la pugna entre administraciones. El Consejo de Ministros declaró ayer zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, la anteriormente denominada «zona catastrófica», a aquellas regiones gravemente afectadas por el temporal «Filomena». Las más castigadas se ubicarían en Madrid y Castilla-La Mancha, pero también en otras localidades de Asturias, Castilla y León, Andalucía, Aragón, La Rioja o Navarra.
Lo que ayer aprobó el Gobierno es una mera declaración, un mero titular, porque según reconocen desde el propio Ejecutivo «todavía no se han cuantificado los daños con precisión». Se siguen evaluando. Una vez estimadas las cuantías concretas, se tendrá que proceder a un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros que sí delimitará las áreas geográficas afectadas y se dictarán las medidas compensatorias específicas que correspondan a quienes se han visto perjudicados por el temporal. Esta estimación de daños se está haciendo por parte del Ejecutivo, en colaboración con otras entidades locales y regionales y, una vez concluido, se elaborará una memoria económica en la que quedarán cuantificados expresamente.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, justificó el anuncio en la necesidad de «agilizar la tramitación, para que lleguen pronto las ayudas a áreas tan extensas del país». Entre las compensaciones que se promoverán están ayudas por fallecimiento o incapacidad, por daños causados en bienes muebles e inmuebles, así como negocios. A estas ayudas directas se añaden también fiscales, como la exención del IRPF o del IBI y las tasas de tráfico; y laborales, ya que el FOGASA se hará cargo de las indemnizaciones dentro de los límites establecidos y se exonera al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social.
El Ejecutivo rectifica así su negativa inicial y obvia su primera posición, consistente en el argumento de que los daños causados por la nieve eran «reversibles» y susceptibles de ser asumidos por los seguros, para atender las peticiones de regiones de todo signo política. En un principio, la pugna por la «zona catastrófica» fue abanderada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pero posteriormente a este se sumaron otros consistorios socialistas y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo que boicoteó la estrategia del Ejecutivo.
En Moncloa no habían negado la eventualidad de conceder ayudas a los territorios más azotados por el temporal, aunque lo enfocaban en un paquete específico, sin necesidad de avanzar hacia la consideración de la «zona catastrófica». El cambio de posición del Ejecutivo recuerda a lo que ya ocurriera con el cierre perimetral por días de la Comunidad de Madrid. En un primer momento hubo enfrentamiento abierto y negativa a atender las exigencias del PP, pero posteriormente se acabó aceptando, por considerar que, estratégicamente, al Gobierno no le interesa confrontar ni con Ayuso ni con Almeida.
En el Ayuntamiento de la capital, recibió la noticia con alivio. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha valorado los daños provocados por la nevada asociada a la borrasca «Filomena» en cerca de 1.400 millones de euros. «Agradecemos la celeridad para reconocer nuestra situación de zona afectada gravemente por una emergencia», señaló el regidor de la ciudad de Madrid en su perfil de Twitter. Sin embargo, desde el Ejecutivo valoraron esta cuantificación del Ayuntamiento como «bastante desviada», si se compara con la de otros fenómenos meteorológicos extremos anteriores como ha sido la borrasca «Gloria» u otras DANAS. En este sentido, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anticiparon que desde el consistorio madrileño se está haciendo ya una «cuantificación más fina».
El Ejecutivo reconoce que «no ha cuantificado los daños con precisión» y necesitará otro acuerdo del Consejo de Ministros