Virus separatista
Las elecciones catalanas estaban previstas para el día 14 de febrero, pero el Govern de la Generalitat decidió suspenderlas, proponiendo como posible alternativa de celebración el 30 de mayo, alegando como causa la evolución de la pandemia de la Covid-19. La realidad es más prosaica, y nadie duda que fue el fundado temor de que el separatismo perdiese en las urnas, ante el llamado «efecto Illa». Un nuevo fraude de ley del nacionalismo, para mantenerse en el poder. Hay que tener en cuenta que estas elecciones fueron convocadas tras el fracaso de la mayoría separatista de investir a un nuevo presidente de la Generalitat, después del cese por inhabilitación de Torra, y que transcurridos los dos meses preceptivos, como establece el artículo 67 del Estatut, el Parlament fue disuelto convocándose elecciones.
Acomodar la celebración de los comicios y la formación del nuevo gobierno a intereses electorales, poniendo como excusa la pandemia es, en estas circunstancias, una enorme irresponsabilidad que ocasiona un agravio inasumible al conjunto de los ciudadanos de Cataluña y a su economía. Sin embargo, lo más grave es que no se decretó que las elecciones se pospusiesen, sino que se produjo una verdadera suspensión de la democracia.
De acuerdo con el decreto, la nueva convocatoria quedaba aplazada sine die y en manos del gobierno, quien, a pesar de su excepcional situación y sin ninguna base legal, se habilita a convocarlas o no en un futuro en función de la valoración que el mismo haga de las circunstancias sanitarias, dando lugar a una situación de absoluta inseguridad jurídica al no aclararse cuales serían dichas circunstancias. Y es que el ejercicio del derecho de sufragio no debe quedar condicionado por posibles interferencias gubernamentales, pues en la democracia, los procesos electorales deben ser
especialmente garantizados. De nuevo el abuso de poder de un gobierno en funciones, agravado por el hecho que el Parlamento este disuelto, limitando la capacidad de control parlamentario del mismo, la dejadez de un Gobierno que no previó todas las medidas posibles a su alcance para hacer posible la celebración de las elecciones haciendo compatibles las garantías sanitarias con el ejercicio de los derechos de participación y de sufragio activo. La situación no ha sido sobrevenida, no hay confinamiento domiciliario e incluso el decreto de estado de alarma prevé que se puedan celebrar elecciones, de forma que es poco justificable que se pueda ir a trabajar y a estudiar en un transporte publico abarrotado y no se pueda votar. El 29 de enero, Torra dio por acabada la legislatura y hace más de diez meses que convivimos con la pandemia, razón por la cual el Gobierno ha tenido tiempo para preparar el dispositivo electoral y llevarlas a cabo en un contexto de crisis sanitaria e incluso para aprobar las disposiciones legales necesarias para aplazarlas con amparo legal y con todas las garantías en caso de extrema necesidad. Con el tiempo del que han dispuesto no era difícil mejorar el voto por correo, habilitar espacios más amplios, prever más mesas electorales, disponer de las protecciones necesarias para sus miembros o establecer una pauta para ordenar colas en los locales de votación, solo hacía falta voluntad para hacerlo tal y como ha sucedido en Portugal o EEUU que han votado en tiempos de pandemia.
Es el deber de todo ciudadano, defender la democracia y la vigencia del estado de derecho, denunciar el abuso de poder y exigir un buen gobierno, defender el derecho de los ciudadanos a escoger sus gobernantes de acuerdo con los mecanismos legales previstos para concebir el estado de derecho como el antídoto frente a arbitrariedades y abusos del populismo y del nacionalismo.
El coronavirus es la excusa para mantener en el poder el virus separatista.
Acomodar la celebración de los comicios a intereses electorales, poniendo como excusa la pandemia, es una enorme irresponsabilidad