...y Ayuso se desmarca de la presión de los barones del PP

La confrontación política tensa la reunión para pactar la revisión del decreto

España rompió ayer la barrera de los 700 casos de incidencia tras sumar 34.291 nuevos contagios y 404 muertos. Y las comunidades autónomas llegarán hoy a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud divididas en sus intereses sanitarios y políticos. Moncloa se frota las manos porque así ya tiene excusa para seguir seguir mirando hacia otro lado ante las llamadas de auxilio de la mayoría de las comunidades, asfixiadas por la fuerza de la tercera ola de la pandemia. Castilla y León, Andalucía y Murcia han pedido adelantar el toque de queda, que es otra manera de plantear el confinamiento domiciliario. Todas ellas gobernadas por el PP y Ciudadanos. Castilla y León incluso lo ha ejecutado sin esperar a la decisión del Consejo Interterritorial de Salud.

Pero desde Madrid, otra comunidad gobernada por PP y Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso se posicionó ayer en contra de esta petición, aunque el día anterior había apoyado a Castilla y León. «Para arruinar aún más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten». La medida la exigen otros barones de su partido, con los que ha manifestado claras diferencias en la gestión de la pandemia, dentro de la dinámica de confrontación con el Gobierno de la Nación.

«Las administraciones tenemos que poner todas las medidas necesarias para seguir conjugando la salud y la vida con el empleo. Es muy fácil cerrar negocios, mandar a la gente a casa, pero luego recuperarlos es imposible», añadió la presidenta madrileña.

Estas declaraciones son un golpe directo en la línea de flotación de la posición de Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Juan Manuel Moreno (Andalucía) o Fernando López Miras (Murcia), todos ellos dirigentes territoriales del PP.

Otras comunidades, como Valencia, siguieron ayer tomando nuevas medidas, ante la presión de la incidencia del virus. En el caso valenciano, decretaron el cierre total de la hostelería y limitar los comercios hasta las seis de la tarde.

Si en la reunión de hoy del Consejo Interterritorial de Salud no entrasen variables políticas, sólo el interés sanitario, las comunidades deberían impulsar el acuerdo para promover una revisión del estado de alarma, que les facilite actuar en el ámbito del confinamiento o modulando los toques de queda, en el ejercicio de la cogobernanza. Moncloa gana con la división autonómica, y con la falta de solidaridad incluso entre gobiernos del mismo color político. «Las banderas ideológicas están muy bien cuando uno quiere hacer carrera política. Pero éstos no son momentos momentos de hacer carrera política», afean a Madrid desde uno de los gobiernos autonómicos de la coalición PP-Ciudadanos.

Esta división se produce también dentro de las autonomías socialistas. Con Gobiernos como el de Castilla-La Mancha más alineados con la posición de Castilla y León, Andalucía o Murcia que la propia Comunidad de Madrid. «Hay que definir un nuevo marco que nos dé flexibilidad para ser más eficaces en la lucha contra el virus. No estaría mal que en la reunión se anteponga el interés general sobre el interés de parte. A nadie le perjudica que aquel Gobierno que necesite ampliar el toque de queda o decretar confinamientos domiciliarios pueda hacerlo sin conflictos jurídicos ni pérdida de tiempo», sentencian en otra de las autonomías que han solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que les permita ampliar las restricciones.

Esta no es la primera tensión entre comunidades en la lucha contra la pandemia. Desde que se levantó el estado de alarma y el confinamiento de marzo, Madrid ha marcado un camino propio que ha molestado a otros barones populares.

Hasta ahora, el líder nacional, Pablo Casado, ha optado por seguir la corriente marcada por Ayuso. Si bien ante esta nueva oleada del virus, fuentes de la dirección nacional advertían hace unos días que entendían que había que hacer algo para responder a la nueva crisis, y abrían la puerta a que Casado apoyara en el Congreso una modificación del estado de alarma en vigor. Moncloa sigue sin querer oír hablar de esa posibilidad.