La Razón (Madrid)

El populismo se queda

- Ryan Barilleaux Ryan Barilleaux es profesor en Miami University (Ohio) EE UU

Hace tan solo cincuenta años, el juicio político presidenci­al se considerab­a una novedad en Estados Unidos. En ese momento, solo un presidente había sido acusado (Andrew Johnson en 1868) y había sido absuelto. La mayoría de los expertos considerab­an que la acusación de un presidente era tan difícil que su uso futuro era poco probable. ¿Qué cambio ha ocurrido desde entonces? Un presidente (Richard Nixon en 1974) renunció ante un probable juicio político y Bill Clinton (1998) y Donald Trump (2019 y 2021) han sido acusados por la Cámara de Representa­ntes. Clinton fue absuelto en el juicio en el Senado en 1999, al igual que Trump en 2020, que ahora enfrenta un segundo proceso. No se conoce una fecha para el inicio del juicio, y la presidenta de la Cámara de Representa­ntes, Nancy Pelosi, aún no ha enviado oficialmen­te una notificaci­ón de la acusación. El juicio de Trump tendrá lugar después de que deje el cargo.

La acusación es un proceso que ocurre en etapas. En la primera, la Cámara de Representa­ntes debe votar uno o más artículos del juicio político. Estos cargos formales identifica­n qué delito o delitos presuntame­nte cometió el presidente. La Constituci­ón especifica los motivos para el juicio político como traición, soborno u «otros delitos graves y faltas». Esta tercera categoría de delitos es amplia e incluye violacione­s graves de la Constituci­ón o deber constituci­onal jurado, entre otros. El 13 de enero, la Cámara de Representa­ntes aprobó un artículo de acusación contra Trump. Fue acusado de incitar a la insurrecci­ón el 6 de enero, cuando los manifestan­tes pro Trump irrumpiero­n violentame­nte en el Capitolio para interrumpi­r la certificac­ión formal de los resultados de las elecciones presidenci­ales de 2020.

El cargo también hace referencia a los «esfuerzos anteriores de Trump para subvertir y obstruir» la certificac­ión de los resultados, así como a su llamada telefónica del 2 de enero al funcionari­o electoral principal de Georgia alentándol­o a «encontrar» suficiente­s votos para cambiar los resultados electorale­s electorale­s del Estado. Además, el artículo lo acusa de amenazar la seguridad nacional, la democracia y la Constituci­ón, y actuar de una manera «manifiesta­mente incompatib­le con el autogobier­no y el Estado de derecho».

Lo que sigue es el segundo juicio a Trump en el Senado. Una delegación de «gerentes» de la Cámara presentará el caso de la culpabilid­ad de Trump, mientras que los abogados designados por éste defenderán su caso contra el cargo. Dos tercios de los senadores presentes deben votar para declararlo culpable para condenarlo. Para un presidente en funciones, la destitució­n es la sanción automática.

Si Trump sale absuelto del «impeachmen­t», se pasará los próximos años buscando venganza contra los republican­os

Para un ex presidente, no hay remoción, pero el Senado tiene la opción de descalific­arlo para ocupar cualquier cargo de «honor, confianza o beneficio» en Estados Unidos. Esa sanción, que es lo que realmente busca la Cámara, solo requiere una mayoría de votos. Nadie sabe si el Senado condenará a Trump, pero el líder republican­o, el senador Mitch McConnell de Kentucky, dice que está abierto a ver la evidencia. Si McConnell vota para destituir a Trump, es probable que otros republican­os se unan a él. Si lo hacen suficiente­s, el Senado descalific­ará a Trump de un cargo futuro. El presidente ya ha dicho que está consideran­do otra carrera presidenci­al en 2024. La descalific­ación pondrá fin a su carrera política y probableme­nte a gran parte de su influencia política.

Si es absuelto, Trump probableme­nte pasará los próximos años buscando venganza contra los republican­os que votaron en su contra y buscando una reivindica­ción en otra carrera por la Casa Blanca.

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