El Gobierno no concreta a la UE si ampliará a 35 años el cálculo de las pensiones
Envía 30 reformas muy abiertas para contentar a Podemos
El Gobierno de Sánchez ha ido remitiendo a Bruselas a lo largo de estos días hasta un total de 30 fichas con las líneas generales de las reformas estructurales que debe acometer, si quiere que lleguen los fondos europeos para la reconstrucción del país en la era postcovid y de los que en los Presupuestos Generales del Estado de este año figura ya un anticipo de 27.000 millones. Todas estas fichas, incluidas las referidas a las reformas del mercado de trabajo y de las pensiones, son lo suficientemente genéricas para contentar a todos sus socios de investidura y, especialmente, a su socio de coalición en el Ejecutivo, Unidas Podemos. Las últimas fichas remitidas este lunes se refieren a las medidas destinadas para modernizar el mercado de trabajo y a los cambios necesarios para garantizar la viabilidad futura de las pensiones. Esta información, enviada por la Oficina Económica de La Moncloa, contiene directrices muy genéricas y muy abiertas. Por tanto, en ningún caso se trata de documentos cerrados e inamovibles. «Más bien, consiste en un cruce de información con Bruselas, abierto a sus sugerencias», puntualizan a LA RAZÓN fuentes gubernamentales.
Por eso justifican que en la ficha de la reforma de las pensiones no se aborde la cuestión del período de años cotizados que propone el Gobierno ampliar a 35 para el cálculo de la pensión. Es decir, no figura la intención que tiene el Ejecutivo de que pase de 25 a 35 años, tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado día 5 de mayo. De esta manera, se tiende un puente con Podemos, contrario radicalmente a esta ampliación. Así lo confirmó ayer la ministra portavoz del Gobierno. Al término del Consejo de Ministros, aseguró que no se incluía ninguna referencia a esa medida. Pero que no figure en esta ficha no significa que el ministro de Seguridad Social haya desistido de acometer esta ampliación en el período del cómputo de los años cotizados a la Seguridad Social para el cálculo de la pensión hasta 35, lo que, en realidad, equivale a contabilizar toda la vida laboral para el mismo.
«La concreción de estas reformas se producirá tiempo después con la elaboración de las leyes correspondientes», aseguran fuentes de Economía a este diario. El Ejecutivo considera imprescindible acometer este año la del sistema público de pensiones para garantizar su viabilidad futura en un momento de crisis como el actual. En estos cambios, José Luis Escrivá chocará frontalmente con la posición posición de Podemos. Sin embargo, los socialistas esperan convencer a su socio por la presión que ejercerá Bruselas para que esta reforma llegue a buen puerto con los fondos europeos, que se recibirán hasta final de la presente legislatura.
Mientras, el Ejecutivo no tiene la misma prisa para sacar adelante la reforma del mercado laboral. De entrada, la derogación de la legislación del PP de 2012 ha quedado en la cuneta. No sólo es mal vista por la vicepresidenta económica del Gobierno y por la patronal, sino que, además, es rechazada por Bruselas, encargada de dar vía libre a los fondos europeos. Por tanto, el Gobierno aprovechará este año para introducir leves cambios en el mercado de trabajo, orientados a modernizarlo y, así, a contentar a su socio Podemos y, de paso, «a no asfixiar más al empresario» en plena pandemia.
En este contexto, la ministra explicó que el plan «contiene los elementos generales que inspiran la reforma laboral, con todos los elementos más lesivos, incorporados en el acuerdo de investidura». Al tratarse de líneas generales, aborda muy por encima la necesidad de frenar la temporalidad. Estos cambios «responden a la hoja de ruta que el Gobierno de coalición tenía desde el acuerdo de investidura», insistió. De ahí que la ficha remitida a Bruselas no detalle con precisión futuros cambios sobre la prevalencia de los convenios colectivos de empresas o sectoriales o sobre la ultraactividad y se limite a señalar que «se abordará en el diálogo social...». En este sentido, para ambas reformas, el Ejecutivo considera que existe margen para la concertación social. No obstante, hará lo que tenga que hacer «con o sin consenso sindical». De hecho, fuentes gubernamentales restan importancia a las movilizaciones convocadas por las centrales. «La situación actual es muy complicada y no se espera un gran seguimiento».