Ayuso fija por ley el derecho a estudiar en castellano
La norma para blindar la concertada y la especial reconoce el español como «lengua vehicular» y se difundirá la vía convenio
El Gobierno de Díaz Ayuso continúa su ofensiva contra la Ley Celaá. Hoy, el Ejecutivo regional inicia la tramitación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, la norma que ya prometió la presidenta regional para proteger a la concertada, garantizar la libertad de elección de los padres y proteger la educación especial que, a su juicio, quedan malparadas con la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) que acaba de entrar en vigor. Después de pasar hoy por el Consejo de Gobierno, se remitirá a la Asamblea de Madrid.
La norma sale en defensa de la educación que separa a niños y niñas en aulas diferentes al asegurar que «no rompe la igualdad» y es conforme a la Constitución.
Además, garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de la educación, después de que estos términos se hayan suprimido por la ley estatal, lo que da amparo legal a que en Cataluña la práctica totalidad de las clases se impartan en catalán. Ayuso prevé incluso se prevé promover este derecho suscribiendo convenios con otras comunidades autónomas e instituciones públicas y privadas para la difusión de nuestra lengua oficial.
La futura ley deja en manos de las familias con hijos con necesidades especiales que elijan entre las diferentes modalidades de escolarización existentes: en centro ordinario, aulas específicas de educación especial en centros ordinarios, centros de educación especial o educación combinada (el alumno se matricula en ordinario y especial y acude a uno u otro en función de los días). Aunque esta escolarización se revisará de forma continua «para que en cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno». El Gobierno de Díaz Ayuso entiende que, de esta manera, se garantiza en la región la continuidad de los centros de educación especial, frente a la Ley Celaá que «de manera soterrada» pretende llevar a los alumnos de la especial a los ordinarios, lo que abocaría a los primeros a su desaparición, según se ha denunciado. Se pone especial énfasis en cuidar de este modelo educativo garantizando que la Administración educativa «dote de los recursos humanos y materiales necesarios y se impulse la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales». Además, se promoverá la implicación de las familias para que su participación en la vida de los centros educativos sea aún mayor.
La ley pretende mantener el distrito único educativo y garantizar la existencia de plazas suficientes en las enseñanzas declaradas como obligatorias y gratuitas, pero tendrá en cuenta la demanda social, un concepto que ha sido suprimido de la Lomloe. Así, se construirán colegios concertados, si los padres quieren. La Comunidad podrá convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público, habrá más evaluaciones externas que las que propone la Lomloe y se accederá a la Inspección educativa a través de una prueba por concurso oposición.