¿Un género a la carta? Los peligros de la «Ley Trans» que subleva a las feministas
El Ministerio de Igualdad, con Irene Montero al frente, busca agradar al activismo con su nueva Ley Trans, para la que no ha contado con la opinión de los sanitarios
En 2018, Unidas Podemos todavía era Unidos Podemos, no había migrado de Chantal Mouffe a Judith Butler, del populismo con acentos hispanoamericanos a la verborrea posmoderna. Pero apuntaba maneras al explicar que lo trans «puede o no coincidir con los términos empleados por la persona para autodefinir su condición, tales como personas transgénero, transexuales, travestis, hombres o niños con vulva, mujeres o niñas con pene, variantes de género, ‘‘queer’’, personas no binarias u otros».
Ahora que maneja los 450 millones de euros del Ministerio de Igualdad, Irene Montero y su cáfila de asesoras «cuquis» presentan un borrador de Ley que, siguiendo con la tradición de aquella otra de libertad sexual burrajeada a toda prisa para la fiesta morada del 8M, nace entre polémicas y apremios. Puede que ni siquiera haya contentado a la propia ministra, tan partidaria de la autodeterminación de géne
ro como de que a las mujeres las matan exclusivamente por ser mujeres y, ¡oh!, de que los hombres son naturalmente violentos, lo que encaja mal, por ejemplo, con la hipótesis de que todos podamos elegir ser violentos o violentadas, sujetos a unos estereotipos tan férreos como volátiles y a unas fobias de ida y vuelta. ¿Estamos ante el fin de los sexos? ¿Género a la carta?
«Esta ley no es más que la ampliación a nivel nacional de lo ya planteado y aprobado en otras comunidades autónomas hace años tras la lucha activista de colectivos minoritarios pero con gran poder de visibilización», explica Isabel Esteva, endocrinóloga y coordinadora de la Unidad Transexualidad de Andalucía desde 1999 hasta 2019, y coordinadora del Grupo Nacional de Identidad y Diferenciación sexual de la Sociedad Española de Endocrinología hasta ese mismo año
«En aquel momento, esas leyes, casi idénticas a las actuales no promovieron ningún rechazo, quizá porque la ley de marzo de 2007 de aplicación nacional imponía un informe diagnóstico y un tratamiento hormonal de al menos dos años para considerar el cambio registral, lo que garantizaba que la persona acudía a centros o especialistas preparados para su atención durante un tiempo razonable, así como las estrategias a tomar». Hablamos con ella.
–¿Qué consecuencias podría tener para el paciente la ausencia de especialización?
–La atención en proximidad también se aprobó en las leyes de CCAA, pero se dejaba libertad a los usuarios para ser atendidos en Unidades de referencia. Al no cerrarse por norma las UTIG, la mayoría de los antiguos usuarios seguían acudiendo a ellas, pero los sujetos nuevos o que no deseaban ningún acompañamiento podían optar por ir a un endocrino de su provincia, médico de familia o pediatra, y exigir ser tratado sin evaluación psicológica. A nadie le ha preocupado esta pérdida de especialización y de calidad. Ya no habrá seguimiento coordinado de cohortes, ni estudios de evolución para, por ejemplo, poder afirmar si la disforia infantil persiste o no, o para evaluar si la calidad de vida mejora con las hormonas o con las cirugías. Los activistas radicales lo consideran «patologizante» y lo rechazan de forma calumniosa y ofensiva. Es preocupante la irresponsabilidad de los legisladores que no lo han considerado. Los profesionales de psicología y psiquiatría eran los que escuchaban las historias desde el inicio, valoraban los estados de confusión identitaria o de diagnóstico diferencial y, sobre todo, acompañaban en la integración. Ahora, la decisión legislativa considera que esta intervención es también «patologizante» y que todo el mundo tiene claro lo que siente y quiere desde su primera visita, cuando esto no es así y menos en la infancia o adolescencia. Hay casos de arrepentimiento, casos confusos, o que deben ser excluidos por tener otras situaciones no subsidiarias de ser tratadas ni hormonalmente ni mucho menos quirúrgicamente. El problema es que ahora ya nada es políticamente correcto, los sanitarios no se atreven a excluir a nadie y, lo que es peor, ya no se permite estudiar si esa persona es o no es transexual.
–¿El proceso anterior a esta nueva ley resultaba traumático?
–No. Era responsable y cauteloso. Estaba coordinado con los modelos de atención especializada a nivel internacional. Disponía de controles de calidad internos y externos continuos. Era lento debido a la alta demanda y por las largas listas de espera, sobre todo, para las intervenciones quirúrgicas. Aunque el porcentaje de exclusiones no iba más allá del 7% de nuestra serie de más de 2.000 personas, algunas de esas personas, a veces muy resentidas con el sistema sanitario, se han autonombrado representantes de los colectivos.
–¿En que situación quedan los profesionales sanitarios?
–No deberían ser obligados a tratar ni derivar un caso sin poder consultar con los especialistas necesarios para abordar la complejidad del tema. Si cree que no debe tratarlo debería estar protegido por la ley y no al revés: no ser acusado de torturador, «patologizante» o tránsfobo.
–¿En la lucha por «despatologizar» se corre el riesgo de dejar a personas indefensas, sin el apoyo necesario?
–Claro, pero ya nadie recoge la voz de los que anhelan las unidades especializadas porque ellos mismos no se sienten libres para decirlo. Buscan la atención entre los pocos profesionales que quedan, que todavía les explican y les ayudan. Esta despatologización y descentralización ha conseguido silenciar las listas de espera para ser atendidos en centros serios, para ser operados y para que sus familias sean asesoradas. La función la está asumiendo en muchos casos la medicina privada y asociaciones de familias, menores y afectados que no siempre tienen conocimientos suficientes, que son muy endogámicos y fomentadores del aislamiento, y que no siempre son gratuitos ni altruistas. No se ha consultado para la ley nada más que al activismo. Incluso considerándola únicamente una cuestión social, debido a la complejidad de sus terapias o a la cuestión registral, se debería abrir trabajo en común y el debate entre colectivos, profesionales, políticos y legisladores. El borrador de ley parte del presupuesto de que la identidad de género es siempre estable e inmutable, y no interferida por ninguna otra situación personal (psicológica o médica), ignorando que pueden existir otras situaciones o variantes de género que deben ser evaluadas y conducidas con otros procedimientos.
–En Reino Unido se ha publicado un informe contra los procesos de inhibidores de la pubertad, al considerar que han sido usados sin los controles adecuados. ¿Corremos peligro de que suceda algo así en España?
–Por supuesto. Para el tema de menores la cautela era mayor, se pedía asesoramiento y acompañamiento psicológico con el menor y su familia hasta al menos la edad de 12 años, hasta el inicio de la pubertad, para que este menor ratificara ratificara que sigue sintiéndose del otro sexo cuando sus hormonas empiezan tímidamente a producirse (en ningún caso se exigía desarrollo puberal avanzado). Además, la edad para pasar del bloqueo puberal a iniciar el tratamiento hormonal cruzado eran 14-16 años. Así, el caso ya estaría varios años con nosotros y la garantía de «no error» es mayor. Ahora no habría escucha psicológica, ni plazos, ni edad para cambio registral, ni se habla de estadio puberal. Incluso en países como Holanda, Suecia, Finlandia o Reino Unido, pese a tener las mismas presiones de colectivos, no se han aprobado leyes tan arbitrarias, liosas y poco reflexivas. El Gobierno pisa el acelerador en pos de la autodeterminación de género sin atender a condicionantes biológicos ni a profesionales de salud.
Grave confusión
Para Isabel Esteva, se ha mezclado lo «trans», que deriva de lo «queer», con la transexualidad, propia de quien solicita un cambio de sexo. «Los trans no deben ser tratados con hormonas o cirugías. No lo necesitan, y si lo requieren hay que pasarlos al grupo de transexualidad. A los trans, transgéneros o variantes de género, hay que saber explicarles que no se puede experimentar con sus cuerpos con tratamientos que ni son inocuos ni siempre reversibles. Hay que hablarles de las repercusiones en su actividad sexual y en su salud, desde tumores a infertilidad. A los sanitarios responsables nos preocupa el sujeto mal informado, mal asesorado, sin explicaciones completas ante su demanda. Hay muchas preguntas sobre las terapias posibles y sobre las cirugías posibles, sobre su sexualidad, que ningún legislador ha contemplado. En definitiva, es necesario saber de qué hablamos».
–¿Esta ley mejorará la vida de las personas transexuales?
–Las personas trans que vienen del activismo saltarán de júbilo. Para las transexuales extremas, con disforia o dudas sobre su terapia, su evolución, su sexualidad o su fertilidad, no existirá mejora. Pero a nadie le importará porque son pocas y seguirán silenciadas.
«Esta ley no mejorará la vida de los transexuales», explica Isabel Esteva, endocrinóloga y experta en estas transiciones
«Los trans no han de ser tratados con hormonas o cirugías. Pero si las requieren, habría que hablar de transexualidad»