Un campo de minas para riders
La muerte de un repartidor de Deliveroo el pasado domingo en un accidente de tráfico reabre el debate sobre sus condiciones laborales
Cuando ya nadie deambula, ni celebra, ni espera. Cuando ya casi se escucha el silencio por las calles y las ganas contenidas a través de las ventanas. Cuando ya no queda ninguna luz cayendo sobre la barra de un bar. Cuando desde hace semanas, o meses, la ciudad parece que duerme, ellos mantienen la hostelería y el comercio a flote poniendo el cuerpo para hacer posible un proceso de digitalización de servicios que se ha visto acelerado por las circunstancias: los repartidores a domicilio. Son el futuro, dicen algunos, esa motita que avanza en el mapa después de cada clic en el botón de «confirmar pedido», un nombre cualquiera al que, con una mano, se le pone nota, mientras aún se sostiene el paquete con la otra. Hasta que un día, una de esas manchas en la pantalla se detiene en el camino y no llega a su destino: «Os escribimos con una profunda tristeza para informaros del fallecimiento de uno de los repartidores de Madrid. Estamos conmocionados y desolados por este trágico suceso y todos nuestros pensamientos y condolencias están con la familia, sus allegados y con vosotros, sus amigos». Eran las 13:45 del lunes 8 de febrero y el correo, dirigido a los que no son sus empleados –al menos sobre el papel– lo firmaba el equipo de Deliveroo.
La muerte el pasado domingo 7 de febrero de un motorista que trabajaba como repartidor a domicilio tras colisionar con un camión de la basura en la confluencia de la calle Embajadores con la de Tomás Borrás en el distrito de Arganzuela ha reabierto el debate sobre las condiciones laborales de estos trabajadores al visibilizar de un golpe muchos de los problemas que, desde hace años, estos profesionales vienen denunciando y llevando a los tribunales. «Somos falsos autónomos que intentan construir una estabilidad a base de muchas precariedades: nos tienen geolocalizados, nos exigen tiempos, nos ponen puntuaciones, no nos dan acceso real a las aplicaciones, no hay lugar a ninguna negociación de precios, en fin, no contamos con una estructura empresarial, sino que funcionamos por imposiciones, y eso no es autonomía, es una relación laboral». Así de contundente lo resume Fernando, «rider» en Madrid desde hace más de dos años.
Néstor, que así se llama el repartidor de Deliveroo fallecido, conducía en el momento del accidente una moto con un cajetín de Glovo, lo que causó confusión entre los servicios de emergencia y los medios de comunicación, pero que no extraña en absoluto a sus compañeros de faena: «Todos tratamos de abrirnos cuentas con varias empresas, hay gente que llega a estar en siete plataformas distintas a la vez; cobramos por pedido y no podemos arriesgarnos a repartir solo para una marca que puede bloquearnos o penalizarnos, así que vamos saltando y jugando con unas y otras en un intento por alcanzar el equilibro entre tanta vulnerabilidad», explica Fernando, que trabaja para Glovo y Uber, sobre esta práctica que supone que muchos acaben haciendo hasta 70 horas a la semana y sin apenas días libres. Sin embargo y según asegura Fernando, la situación de Néstor era incluso peor, al tratarse de un caso de «cuenta alquilada». Esto, afirman los afectados, es algo bastante habitual y presenta dos caras: «Por un lado, hay personas que se aprovechan de otras que viven una realidad límite, como los migrantes sin papeles, cobrándoles porcentajes abusivos; por otro, están los que lo hacen para ayudar a su hermano, a su cuñado o a un amigo prestándoles su cuenta».
Pero, sin duda, si algo resuena en la opinión pública a raíz del último accidente mortal en el sector es el grito desesperado de los ciclistas y motoristas repartidores pidiendo garantías frente a los riesgos laborales a los que se enfrentan. Y es que, aunque una muerte de características similares en Barcelona hace un año implicó el compromiso de las empresas de contratar seguro privados para sus «riders», ellos califican sus coberturas de «irrisorias»: «Los accidentes están a la orden del día, no conozco un repartidor que no se haya pegado algún piñazo, yo mismo tuve una caída que me costó diez grapas en la cabeza y en tres semanas de baja cobré algo más de 200 euros; ¡así no se puede vivir, que nos paguen la seguridad social y dejen de estafarnos manteniéndonos como falsos autónomos!», se queja Fernando que, como afiliado de UGT y miembro del colectivo Riders x Derechos, advierte, luchará para que se haga justicia con este caso y que la familia reciba al menos la indemnización que le corresponde.
En cuanto a la Covid, el escenario no mejora para estos repartidores, pese a que durante la pandemia su actividad se ha vuelto más esencial si cabe. «No nos han facilitado ninguna medida de protección ni material y, normalmente, el que tiene un contacto estrecho o, incluso, se contagia, se arriesga a seguir trabajando, porque sin seguridad social no queda otra», lamenta este «rider» de 42 años al que no le cansa lidiar esta guerra por sus derechos, precisamente, porque le gusta lo que hace: «Esto es una profesión, es un trabajo, y además es un trabajo chulo; estamos en la calle, vamos a nuestro aire y a mí me encanta la bici, el problema son los abusos de las empresas, no el trabajo», concluye convencido de que el cambio llegará, tarde o temprano.