Orden de detención para el rapero Hasel
Se encierra en la Universidad de Lérida para intentar eludir los tres años de cárcel
Los Mossos d’ Esquadra recibieron ayer la orden de desalojar al rapero Pablo Hasel, que se encerró en el rectorado de la Universidad de Lérida, su ciudad, para evitar su detención e ingreso en la cárcel, que tenía que producirse el viernes. Le acompañaba un grupo de unas 250 personas en su intento de eludir los tres años de condena que dicta la sentencia. Hasel, al que la Audiencia Nacional dio el plazo para entrar voluntariamente en prisión, ha señalado a PSOE y Unidas Podemos de «cómplices directos» de su situación.
Los Mossos d’Esquadra recibieron ayer la orden de desalojar al rapero Pablo Hasel, que buscó refugio por la mañana en el rectorado de la Universidad de Lérida, su ciudad, para evitar su detención e ingreso en la cárcel, que tenía que producirse el viernes. Se encerró con un grupo de apoyo de unas 250 personas para intentar eludir los tres años de condena que dicta la sentencia.
Hasel, al que la Audiencia Nacional dio el plazo para entrar voluntariamente en la cárcel, afirmó recientemente que PSOE y Unidas Podemos «están siendo culpables, cómplices directos» de que él entre en la prisión.
Hasel se preguntó, de manera retórica, en una rueda de prensa en Lérida, por qué desde el Gobierno no se cuestiona su condena de cárcel y recordó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «cuando iban a encarcelar a Valtonyc, y le interesaba desgastar al PP, dijo literalmente que poner en la cárcel a raperos no era propio de una democracia».
Sobre el rapero pesan varias condenas: la primera, de 2014, a dos años de cárcel por enaltecer en sus canciones el terrorismo de ETA, los Grapo, Terra Lliure o Al Qaeda, y que la Audiencia Nacional dejó en suspenso; y la segunda, de nueve meses de prisión por el mismo delito y otro de injurias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad.
Pero en su auto la Sala también recuerda que en 2017 fue condenado por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, y en 2018 por allanamiento de local. «Con este historial delictivo, resultaría absolutamente discriminador respecto de otros delincuentes, y también una grave excepción individual en la aplicación de la Ley, totalmente carente de justificación, la suspensión de la ejecución de la pena a este penado», argumenta el tribunal. Y añade que «las campañas» en su favor «que pudieran haber orquestado algunas personas no pueden determinar la inaplicación de la ley vigente, sino su eventual modificación por el Parlamento», informa Efe.
Es decir, que «no puede pretenderse» que los tribunales, «sometidos únicamente al imperio de la ley», incumplan «arbitrariamente sus propias resoluciones y no acaten las normas jurídicas de obligado cumplimiento».