Las cuentas pendientes entre Esquerra y el PSC
La amnistía, la autodeterminación o la financiación centran la mesa de diálogo
Los resultados electorales surgidos el 14 de febrero en Cataluña han avalado la vía dialogada que han abanderado el PSC-PSOE y ERC –junto a Podemos–, aunque ahora habrá que dotarla de contenido. Durante la anterior legislatura catalana hubo notables acercamientos, pero todavía hay muchas diferencias por recortar entre el Gobierno socialista en Madrid y el probable futuro Gobierno republicano en Barcelona.
Así, la creación y puesta en marcha de la mesa de diálogo es el principal punto en común que hay entre ambas partes para resolver la crisis política catalana, elevada a categoría de «conflicto» por el propio Pedro Sánchez. Más allá de ese entendimiento, asoman las discrepancias: Moncloa defiende una mejora del autogobierno (incluyendo la tan sensible financiación autonómica) y una reforma del Código Penal para aliviar las penas de los presos independentistas; en cambio, los independentistas apuestan por el derecho de autodeterminación (es decir, la celebración de un referéndum en Cataluña) y una Ley de amnistía, que permita eximir de responsabilidades penales a los casi 3.000 activistas independentistas. En Moncloa se muestran claros sobre esta cuestión, están dispuestos a abordar avances, «soluciones imaginativas» para dotar de más autogobierno y mejorar la financiación y las inversiones en Cataluña, pero no están dispuestos a recoger el guante de la unilateralidad. Ni la autodeterminación ni la amnistía tienen cabida en los límites que marca la ley y en el Gobierno siempre han dejado claro que todo el diálogo debe enmarcarse dentro de la Constitución.
Más sensibles se muestran a valorar una revisión de la situación de los presos del «procés». Aunque la Fiscalía ya haya recurrido su salida de prisión, sobre la mesa del Consejo de Ministros hay dos cuestiones trascendentes: la rebaja de los delitos de sedición y la concesión de un futuro indulto.
La crisis política tampoco acaparará todo. Todavía menos teniendo en cuenta que estamos en pandemia y Esquerra –Pere Aragonès es el responsable de las finanzas catalanas– se ha quejado y mucho por la falta de ayudas desde Madrid. De entrada, cabe recordar que los republicanos apoyaron los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que incorporaron una serie de importantes compromisos en materia económica y el principal reto será el cumplimiento de todos ellos. Entre esos compromisos aparecen cuestiones recientes (como la gestión de los fondos europeos y del Ingreso Mínimo Vital y la armonización fiscal) e históricas (como la infrafinanciación en materia de dependencia –sitúan la deuda en más de 3.400 millones de euros– o los incumplimientos de la disposición adicional tercera del Estatut –sitúan la deuda en más de 3.700 millones de euros–). Además, hay otro reguero de cuestiones sensibles por negociar y resolver, como la adaptación de la Ley de limitación del precio del alquiler al marco constitucional para evitar que la tumbe el TC o cómo encajar y aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la inmersión lingüística.
Cataluña reclama una deuda de 3.700 millones en virtud de la disposición adicional tercera del Estatut