Los generales sacan los tanques
La Junta Militar birmana no consigue sofocar las protestas contra el golpe de Estado, mientras las autoridades extienden la prisión preventiva contra Aung Suu Kyi
Ni los arrestos. Ni los tanques. Ni los disparos. Ni los cortes de internet. Ninguna de estas tácticas parece intimidar a los birmanos que ayer volvieron a salir a las calles para protestar contra el golpe de Estado que el Ejército perpetró hace ya dos semanas. Los manifestantes desafiaron a la Junta militar desde Dawei a Myitkyina, pasando por Rangún, Naipyidó y Mandalay. En esta última –la segunda ciudad más importante del país–, se registraron al menos tres heridos después de que los soldados y policías dispararan con escopetas de aire comprimido tanto a los descontentos como a los residentes que presenciaban el enfrentamiento dejando un número desconocido de arrestados, según los medios locales. Ni siquiera la resaca de la noche del domingo al lunes, en la que los blindados se desplegaron por las calles y se dejó prácticamente incomunicada a la población, pudo con ellos. Ayer, al grito de «acabad con la dictadura», exigieron la liberación de la líder del país, Aung San Suu Kyi, a quien los militares decidieron mantener detenida extendiendo la prisión preventiva de la premio Nobel dos días más de lo previsto. Se suponía que su arresto expiraba este lunes tras haber sido acusada de violar una ley de importación y exportación, unos cargos que de probarse le pueden costar hasta tres años de cárcel. Los expertos coinciden en que esta detención prolongada puede que aumente aún más las tensiones entre los militares y unos manifestantes que han tomado las calles de Birmania con el fin de traer de vuelta a un gobierno que eligieron democráticamente el noviembre pasado y que el Ejército ha acusado de cometer fraude electoral. Según el abogado de «La Dama», U Khin Maung Zaw, todavía no le han permitido encontrarse con ella para preparar el caso que llevará el Tribunal del municipio de Zabhuthiri a través de una videoconferencia supuestamente el miércoles. «Necesito recibir sus instrucciones como su abogado», apuntó el letrado.Por el momento, las protestas se mantienen por todo el territorio y al gobierno de la Junta se le está haciendo difícil hacerse con el control de un país que se encontraba inmerso en un proceso democrático de diez años. En Mandalay, la policía dispersó a los manifestantes que se habían concentrado disparando balas de goma y golpeándoles con palos, según el medio Channel News Asia. En Naipyidó, varios centenares marcharon hasta la puerta de una comisaría para exigir la liberación de otra treintena de estudiantes arrestados por participar en actividades antigolpistas. Mientras, en Rangún, pese a la fuerte presencia policial con sus calles repletas de blindados y militares, miles de personas se manifestaron después de que la noche anterior los uniformados arrestaran a funcionarios, abogados y a otros ciudadanos acusados de participar en un movimiento de desobediencia civil. Las protestas se localizaron en los alrededores del edificio del banco central, las embajadas de Estados Unidos y China y la sede de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Suu Kyi. El despliegue policial allí fue tan grande que los analistas lo interpretan como un claro mensaje de amenaza para todos aquellos que han decidido unirse a dicho movimiento y protestar contra el levantamiento militar.
«Patrullar con vehículos blindados significa que están amenazando a la gente», afirmó Nyein Moe, uno de los más de más de mil reunidos frente a la sucursal bancaria. No obstante, «a la gente que marcha por las calles no les importa que los detengan o les disparen. No podemos detenernos ahora. El miedo que podía haber en nuestra mente se está esfumando», agregó este hombre de 46 años. Su determinación parece ser compartida por los miles de ciudadanos que se han unido a las huelgas iniciadas por los trabajadores sanitarios, quienes negándose a trabajar bajo el gobierno de la Junta han logrado paralizar buena parte de la Administración. Sin embargo, surgen dudas de hasta cuándo se podrá mantener esta resistencia ciudadana teniendo en cuenta que el gobierno del general Min Aung Hlaing está poniendo cada vez más trabas. Entre las medidas impuestas por el régimen militar se encuentra la suspensión de las leyes que permiten a las autoridades arrestar a ciudadanos y registrar propiedades privadas sin una orden judicial. Esto se traduce en que cualquiera puede ser detenido durante más de 24 horas sin la aprobación de un tribunal.