El juez cree que la «caja B» de Podemos se usó para beneficio de «algunos»
La Audiencia cree que pudo utilizarla para financiarse y ordena reabrir la investigación
La Audiencia de Madrid ordenó ayer reabrir la investigación sobre la presunta «caja B» de Podemos. Asegura que tras «practicar las gestiones acordadas, el resultado ha venido a confirmar la existencia de indicios de la comisión de posibles delitos» en la financiación del partido.
Madrid
La Audiencia de Madrid ve indicios de administración desleal en la gestión de la «caja de solidaridad» de Podemos, que se habría utilizado «en beneficio de algunos» y «en perjuicio» de los fines sociales a los que deben dedicarse esos fondos. Así lo aseguran los magistrados de la Sección número 30 de este tribunal en una resolución en la que, en contra del criterio de la Fiscalía, corrigen al juez Juan José Escalonilla –que indaga en la supuesta financiación irregular de la formación morada– y le obligan a investigar a fondo esa supuesta contabilidad opaca para determinar si pudo utilizarse para burlar la ley de financiación de los partidos políticos.
La Sala –que estima así los recursos planteados por Vox y por la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege– anula de esta forma la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 42 de la capital del pasado octubre de archivar esta parte de la investigación al considerar «inexistentes» los indicios de un presumible «uso irregular» de esos fondos.
Lejos de esa conclusión del juez Escalonilla –que tras la denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente también archivó la investigación referente a la reforma de la sede morada–, la Audiencia madrileña mantiene que la instrucción de la causa ha venido a «confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de delito» y llama la atención sobre el hecho de que Podemos «no ha facilitado información» sobre si concedió o no 50.00 euros a la asociación #404 Comunicación Popular.
«Resta por conocer el destino de esas cantidades, así como, en su caso, las personas que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores», argumentan los magistrados.
A día de hoy, recuerda la Audiencia, consta que esa asociación solicitó 50.000 euros a la «caja de solidaridad» de Podemos, desde la que se le transfirieron 30.000 euros mediante tres transferencias entre el 5 de septiembre de 2019 y el 15 de junio de 2020. Y hace hincapié en que algunas de las personas que forman parte de la misma (en particular José Martínez Coy, Diana Peinado, Francisco Javier Bermúdez, Christian Luis Navarro, Alejandro Zapico e Irene Elina Lingua) son miembros del partido y algunos de ellos «con cargos relevantes» dentro de Podemos.
Pero la Sala va más allá y considera «razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa asociación y Podemos, que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones» de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, actuando así «al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas» y «en beneficio de algunos» y, por tanto, «con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos».
Tras investigar el destino de 55.000 euros procedentes de esa «caja de solidaridad» para la Asociación #404 Comunicación Popular –una de las denuncias del exabogado de Podemos José Manuel Calvente–, el juez Escalonilla pidió a la Policía que identificara a «la persona física y jurídica» que se benefició de esos fondos. Pero terminó archivando las pesquisas al concluir que no resulta «anómalo o extraño» que las cantidades que nutrían ese fondo del partido se emplearan en «fundaciones o movimientos» próximos a Podemos para que «desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad». Y más teniendo en cuenta –añadía– que, como en este caso, miembros de la formación morada (algunos cargos relevantes de Podemos) pertenecen a esa asociación.
La Sala vuelve sobre el asunto en otra resolución en la que argumenta que, una vez acordada «la continuación del proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad del partido político Podemos», la exsenadora de Podemos Celia Cánovas –que denunció un presunto uso fraudulento de esos fondos– debe ser considerada como perjudicada. Y es que a su modo de ver, al revocar el archivo de la investigación de esa supuesta administración desleal, «queda así sin vigencia el principal argumento del magistrado instructor» para no reconocer a la exsenadora de Podemos la condición de perjudicada. Los magistrados revocan de este modo otra decisión de Escalonilla, que no le permitió ejercer la acusación particular en el procedimiento.