El Gobierno aprieta para imponer peajes
Avisa al resto de partidos: sin pago, el coste de conservación «lo paga todo el mundo»
y públicamente, el Gobierno no se ha pronunciado a favor de implantar peajes en todas las vías de alta capacidad para sufragar sus gastos de conservación. Pero la realidad es que cuando se suscita el debate, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no dejan de deslizarse argumentos que dan a entender la inevitabilidad de una medida muy controvertida. Ayer mismo, fue el secretario de Estado del ministerio, Pedro Saura, el que habló del asunto advirtiendo al resto de partidos de que las autopistas, o las pagan los que las usan, o las terminarán pagando todos los contribuyentes.
Durante su intervención en un acto «online» organizado por el Consejo General de Economistas, Saura afirmó que una medida de este tipo, dado su calado, debe contar con el consenso de todos los partidos. «De lo contrario, no se producirá o no será sostenido en el tiempo, como ha pasado con otras políticas tan importantes como la reforma de las pensiones», argumentó. De momento, según el número dos de Transportes, ese consenso no existe. Y en un mensaje que parece dirigido a esos partidos que no están por la labor, Saura emplazó al resto de fuerzas políticas a que tengan en cuenta que, una vez las autopistas pasan al control del Estado, los gastos de conservación de las carreteras también pasan a formar parte de los gastos incluidos en las cuentas públicas, según advirtió.
El argumento de Saura de la carga extra sobre los Presupuestos que supondría el levantaOficial miento definitivo de todos los peajes ha sido ya usado en otras ocasiones por el propio José Luis Ábalos. En más de una ocasión, el ministro ha deslizado que hay partidas como las pensiones o la sanidad que detraen muchos recursos públicos y que el dinero podría no dar de sí para tantos gastos. Pero tras esta apelación al consenso hay no sólo un deseo de alcanzar un acuerdo perdurable en el tiempo sino también una búsqueda de protección política.
Como argumentan desde el sector, la introducción de los peajes tendría un alto coste para el Gobierno de turno que tomase esa decisión. Una decisión consensuada con el resto de fuerzas políticas redistribuiría el coste entre las formaciones.