Indemnizaciones personalizadas por los abusos
La Conferencia Episcopal rechaza crear un fondo estatal o un registro histórico
La cuestión de las inmatriculaciones cuenta con la colaboración entre autoridades públicas y particulares
La Conferencia Episcopal Española no tiene previsto establecer «un fondo abierto» de carácter estatal para indemnizar a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, sino que se responderá a cada caso desde la «relación personal de quienes se encuentren en estas situaciones». Así lo expresó ayer el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, durante la rueda de prensa final tras la reunión de la Comisión Permanente, que se ha celebrado entre el martes y miércoles en Madrid en formato semipresencial.
Además de asumir «las indemnizaciones que los jueces establezcan» en los correspondientes casos que han sido llevado a los tribunales, los obispos están abiertos a poner en marcha cualquier tipo de medida en aras de atender a los supervivientes de la pederastia eclesial. Así, el portavoz de los obispos expresó que «como primer reclamo de indemnización, las víctimas quieren acogida y reconocimiento de los hechos sucedidos, que la Iglesia sea consciente de los abusos cometidos». En esta línea aseguró que están trabajando las 70 oficinas diocesanas que se pusieron en marcha hace ocho meses.
Desde ahí, apuntó que la Comisión Permanente está valorando poner en marcha un «servicio» de apoyo a estas oficinas y en contacto con las congregaciones religiosas para reforzar tanto la prevención como el acompañamiento a las víctimas.
Sobre los casos que les han llegado en este último año, aseguró que no son «más de siete u ocho». Eso sí, en relación a los datos acumulados en el histórico reconoció que «honradamente, no sé». En esta misma línea, anunció que el Episcopado no tiene previsto elaborar un informe que analice de forma global las cifras.
En cualquier caso, defendió que la lacra de los abusos sexuales por parte de clérigos sería menor en España que en el resto de Europa. Para ello, se remitió al estudio de estos días de Fundación ANAR que recoge cómo en los 12 últimos años solo un 0,2% de las denuncias recibidas estaban vinculadas con sacerdotes. «El que sea menor el número de sacerdotes implicados no disminuye ni la gravedad ni el esfuerzo por erradicarlos», apostilló el también obispo auxiliar de Valladolid. Junto a esta cuestión, durante la rueda de prensa también se abordaron otras cuestiones como la futura ley de eutanasia, que se tramita ahora en el Senado. Así, mostró su «gran preocupación» por las enmiendas que se pretenden incorporar para legitimar el «suicidio asistido» y presentarlo como «autodeterminación» y «culmen de la libertad». Frente a ello, anunció que los obispos ultiman un modelo de testamento vital en el que «se diga explícitamente que uno no quiere que se le practique la eutanasia, que quiere recibir cuidados paliativos y que no quiere ensañamiento terapéutico».
Preguntado por el informe de Moncloa sobre las inmatriculaciones, que reconoce que los 35.000 bienes inscritos por la Iglesia cuentan con la documentación pertinente, el secretario general expuso su colaboración entre autoridades públicas y particulares ante posibles reclamaciones. «Puede haber algún bien del listado que se haya hecho mal», admitió. Dando por cerrado este asunto, anunció que en la agenda de las relaciones IglesiaEstado, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha establecido como siguiente punto la reforma fiscal. «Ahí continuaremos dialogando», comentó Argüello, que expresó su buena sintonía con el Ejecutivo en materia de educación, migraciones y Seguridad Social. Sin embargo, expresó su queja porque no sea así en otros asuntos vinculados a «la propuesta cultural».