Iglesias se enfrenta a la imputación por el «caso Dina»
La Audiencia Nacional ya ha dado traslado de esta reclamación a la Fiscalía Anticorrupción, que tendrá que pronunciarse
La asociación recuerda que el magistrado ya intentó que declarara como investigado en el Tribunal Supremo
La acusación popular de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege ha reclamado al magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el «caso Dina», Manuel García Castellón, que cite a declarar como investigado a Pablo Iglesias, según consta en un escrito de 30 de marzo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
En concreto, esta asociación considera que Iglesias, que al dimitir ha dejado de estar aforado ante el Tribunal Supremo, debe comparecer como investigado en la Audiencia Nacional «por faltar a la verdad, con conocimiento de su falsedad», durante su declaración en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional cuando fue llamado como testigo el 27 de marzo de 2019. Según Pro Lege, Iglesias mantuvo en esa comparecencia «la versión de que existía una trama policial que actuaba de manera ilegal en connivencia medios de comunicación para publicar informaciones falsas entre otras con el objetivo consumado de ‘perjudicarles’ en un preciso momento ‘sensible políticamente’», dice el escrito.
Sin embargo, «lo que realmente ocurrió», según completa la asociación de juristas, «es que Iglesias sabía y así lo manifestó, según la testifical de su ex asesor jurídico José Manuel Calvente, [...] que las publicaciones eran fruto de filtraciones de personas del propio partido llegando incluso a crear una estrategia para utilizar este hecho y mostrarse como víctima mediática de las ‘cloacas del Estado’».
Además, el documento recuerda que el 7 de octubre de 2020 el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción que investiga el «caso Villarejo» y la pieza separada denominada «Dina», ya elevó a la Sala de lo Penal del Supremo una exposición razonada en la que atribuía a Iglesias la participación en los delitos de revelación de secretos y daños informáticos, por lo que reclamaba su declaración como investigado.
Pero al decaer la condición de aforado tras su dimisión como diputado y vicepresidente del Gobierno esta asociación de juristas considera que el instructor ya «puede acordar la práctica de la diligencia de investigación interesada por esta acusación».
El mismo 30 de marzo en el Pro Lege presentó la petición de imputación, el Juzgado Central dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que si lo considera oportuno dé su opinión sobre la comparecencia del ex vicepresidente del Gobierno, según consta en una diligencia de ordenación del Letrado del Juzgado de García Castellón.
Esta petición se produce días después de que Dina Bousselham, la ex asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, intentara reactivar el «caso Dina» para impulsar la lucha contra lo que la formación morada denomina «cloacas del Estado».
En un escrito de 17 de marzo, la abogada de Bousselham, Marta Flor Núñez García, reclamaba al juez Manuel García Castellón que citara a declarar como testigos al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino; al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó; al inspector de Policía José Ángel Fuentes Gago; al detective privado Julián Peribáñez, así como a tres periodistas, según consta en el documento de la letrada, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.