Macroestafa con bitcoins: 20 millones y 30 países
Un juez bloquea criptomonedas por valor de 1,6 millones tras ser alertado por la UDEF de que la Policía británica había descubierto que una empresa investigada ocultaba el dinero
titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha ordenado bloquear criptomonedas por un valor actual en el mercado que supera los 1.600.000 euros, según consta en un auto de 23 de marzo al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Este magistrado de Madrid, que también se ha encargado de instruir causas tan mediáticas como son el «caso Rato» y el «Delcy Gate», investiga una presunta macroestafa, cifrada por el momento en 20 millones de euros, y que afectaría a cientos de personas de España y otros países de toda Europa.
El juez toma esta decisión tras recibir una petición en el mismo sentido de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargados de las pesquisas, que le reclamaron que procediera «al bloqueo de un monedero digital gestionado por la entidad financiera Coinbase, con sede en Londres (Reino Unido)», que contiene «34,701 bitcoins fruto de la presunta actividad de blanqueo y estafa desplegada por la entidad Konto.Fx, una de las investigadas en estas actuaciones», indica la resolución.
El hallazgo de los policías se produjo tras el «rastreo de las cantidades presuntamente obtenidas mediante engaño relativo a la falsa inversión en bitcoins a las víctimas de este tipo de operativa fraudulenta, siendo que por la policía británica se ha detectado la existencia de dicho monedero relacionado con la entidad Konto.Fx», completa el juez.
Por eso, Serrano-Arnal ordena congelar las criptomonedas con la intención de «asegurar las cantidades supuestamente defraudadas a la multitud de perjudicados hasta ahora personados e identificados en estas actuaciones, cuyo perjuicio, aun sin evaluar, puede alcanzar o superar la cantidad de veinte millones de euros», destaca Serrano-Arnal, que completa que persigue a una «organización criminal presuntamente presuntamente autora de los delitos de estafa y blanqueo de capitales que dan lugar a estas actuaciones» en el Juzgado.
Y estos hechos denunciados los habrían cometido los dueños de un conjunto de empresas, radicadas en una treintena de países, pero con fuerte arraigo en Estonia y Bulgaria, que utilizaron noticias falsas o «fake news» de supuestas inversiones en criptomonedas de personajes públicos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los deportistas Leo Messi y Marc Márquez; y los empresarios Amancio Ortega y Carlos Slim, entre otros, para engañar a los inversores, que acababan perdiendo todo el dinero.
En el auto de 23 de marzo el instructor informa de que ya dispone de «consistentes indicios» de que se habría producido «una estafa a una pluralidad de perjudicados en todo el territorio espaEl ñol, habiéndose procedido a continuación con una extensa operativa de blanqueo de capitales que ha implicado el uso de una gran cantidad de cuentas corrientes y sociedades interpuestas en multitud de países».
Según los denunciantes de la presunta estafa con bitcoins, los querellados difundían noticias falsas en las que personas conocidas animaban a los lectores de las mismas a invertir en criptomonedas a cambio de una suculenta rentabilidad. Y gracias a este reclamo convencían a los inversores a registrarse en páginas web, tras lo que de forma inmediata recibían una llamada de parte de los presuntos estafadores, que persuadían a sus clientes con «rentabilidades seguras con bajo riesgo».
Las víctimas realizaron depósitos con los que inicialmente obtenían pequeños beneficios, que les animaban a invertir mayores sumas de dinero, llegando incluso a pedir préstamos para invertir en criptomonedas: «Cuando ya se dan cuenta de que los inversores no pueden invertir más es cuando, o bien directamente dejan la cuenta del afectado a cero, perdiendo estos todos sus ahorros, o bien le bloquean la cuenta no pudiendo realizar esta víctima ninguna retirada del capital», indican los denunciantes.
En la mayoría de los casos los depósitos se realizaron con criptomonedas virtuales (bitcoins) para dificultar el rastro.Después los presuntos estafadores, utilizando un programa informático denominado «AnyDesk», abrieron cuentas a nombre de las víctimas en las casas de cambio de criptomonedas (conocidas como «Exchanges»), en las que adquirieron los bitcoins, que después transferían a sus propias criptocarteras.
La investigación que lleva a cabo el juez de Madrid SerranoArnal es tan solo una más de las que desarrollan juzgados de toda España, que han recibido querellas de numerosos clientes de esta supuesta organización criminal, que según los denunciantes estaría compuesta por unas 120 personas que habrían utilizado 78 dominios de internet, 237 empresas radicadas en 30 países, 235 cuentas bancarias (99 en España) y 893 números de teléfono en 24 estados, incluido España.
En la Audiencia Nacional al menos dos Juzgados Centrales de Instrucción, el número 2 y el número 6, ya analizan sendas querellas de afectados por los mismos hechos, según explican a LA RAZÓN las fuentes consultadas. El Tribunal Supremo también estudia en estos momentos una cuestión de competencia elevada por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que considera que los hechos, cometidos en toda España, deberían investigarse de forma centralizada en la Audiencia Nacional.