El TC prevé avalar que el 1-O fue un acto de sedición
Los magistrados estudiarán el recurso del ex conseller Jordi Turull este mismo mes y la ponencia aboga por desestimarlo
El Tribunal Constitucional (TC) comenzará a pronunciarse sobre el fondo de los recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo relacionada con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la Declaración Unilateral de Independencia. El TC ya dejó claro en las sentencias donde confirmó las condenas por desobediencia a los ex consejeros Meritxell Borrás y Carles Mundó –en lo que fue un «aviso» a las autoridades belgas– que el Supremo era el órgano competente para juzgar esos hechos, entre otras razones porque no pocas de las acciones vinculadas al 1-O se produjeron fuera de España (las directamente relacionadas con los gastos de Diplocat en el extranjero). Ahora ha llegado el turno de abordar las cuestiones de fondo planteadas por los nueve condenados por sedición y algunos de ellos en concurso ideal con el delito de malversación.
El primero que abordará el Alto
Tribunal será el de Jordi Turull, ex conseller de Presidencia y ex portavoz del Govern que entonces presidía el hoy prófugo Puigdemont. Turull fue condenado a doce años de prisión y otros tantos de inhabilitación para ocupar cargos públicos por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación agravado. Turull, Raül Romeva, Oriol Junqueras y Dolors Bassa fueron los únicos condendos por ambos delitos.
Este recurso –confirmaron a LA RAZÓN fuentes solventes– será abordado, salvo imprevistos de última hora, por el Pleno del TC que se celebrará entre los próximos días 20 y 22. La ponencia ha sido elaborada por el magistrado Pedro González-Trevijano –uno de los mejor situados para ser el próximo presidente del tribunal– y en ella se aboga por desestimar de plano el recurso de Turull. Si esta ponencia obtiene el aval de los otro ocho magistrados –o de al menos cinco– que tendrán que resolver el recurso, el TC vendría a refrendar que los hechos sucedidos en relación con el 1-O fueron constitutivos de un delito de sedición, con la relevancia que puede adquirir una sentencia en ese sentido en Europa respecto a los eurodiputados prófugos Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí; además de que marcará las líneas fundamentales del resto de recursos interpuestos por los condenados por sedición.
Estos recursos serán resueltos sólo por nueve magistrados, ya que Antonio Narváez decidió abstenerse, Cándido Conde-Pumpido ha hecho lo propio y se está a la espera de la decisión final –todo hace indicar que se admitirá su abstención– y Fernando Valdés renunció después de ser investigado por presuntos malos tratos a su mujer.
En relación con la impugnación de Turull, las fuentes consultadas señalaron que el TC rechazará –al menos es lo que se defiende en la ponencia– sus argumentos relacionados con la presunción de inocencia, volverá a declarar la competencia del Supremo para haber enjuiciado esos hechos y abordará el fondo de la cuestión relacionada con el delito de sedición, para llegar a la conclusión que Turull tuvo una participación activa en unos hechos constitutivos de ese delito.
Y, a la vez, la ponencia aboga por desestimar que se produjera vulneración de derechos constitucionales como la libertad ideológica, la libertad del derecho de reunión de manifestación o a un proceso con todas las garantías, además de sostener que no fueron juzgados por un tribunal imparcial.
Turull, al igual que Josep Rull y Jordi Sánchez –los tres primeros en impugnar ante el TC la sentencia del Supremo–, sostiene que el presidente del tribunal que juzgó el «procés», Manuel Marchena asumió «un rol inquisitivo en auxilio de la acusación absolutamente ajeno al papel que corresponde a la Presidencia de un órgano enjuiciador», algo que tampoco será estimado por el Alto Tribunal.
El Supremo consideró en la sentencia que Junqueras, Romeva y Bassa «alentaron las movilizaciones tumultuarias» convocadas para hacer visible la pérdida de poder de los órganos judiciales en Cataluña y contribuyeron a que se celebrara el 1-O «reiteradamente desautorizado y prohibido por el Tribunal Constitucional».