Jesuitas, los promotores discretos de la «ley Rhodes»
La ministra Belarra no duda en lanzar la ley de infancia contra la Iglesia pero ignora que la Universidad Pontificia está detrás de ampliar la prescripción de los delitos sexuales
El pasado jueves la recién estrenada ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, subió a la tribuna de oradores del Congreso para felicitarse por una ley de protección a la infancia que llegó a sus manos prácticamente emplatada y para acusar a la Iglesia de ser «cómplice demasiadas veces» de la violencia sexual contra los niños. Pero quizá desconocía que esa misma institución ha sido una de las principales promotoras de la reforma legislativa que ella abandera, impulsándola en una fase incipiente, prácticamente desde cero.
Que se lo pregunten a la Compañía de Jesús que, a través de la Universidad Pontificia Comillas, y mano a mano con Save the Children y otras entidades del tercer sector, desde la Cátedra Santander de los Derechos del Niño, dieron forma a lo que hoy es una ley orgánica. Aunque ya venían abordando la cuestión con anterioridad, fue en 2016 cuando se sistematizó el trabajo, una reforma que nace de las organizaciones volcadas en la protección de la infancia y no de los despachos políticos. «En su momento, elaboramos unas bases para luego esbozar un anteproyecto de ley que luego fue proyecto. Luego se ha ido modificando y enriqueciendo con la participación de todos», detalla Myriam Cabrera, profesora de Comillas ICADE y coordinadora del Proyecto Holistic, una iniciativa que arrancó justo hace un año y que ofrece servicios de acompañamiento y formación a organizaciones de la Iglesia para el cuidado holístico de la infancia.
Fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy el primero en recoger el guante. Se dieron unos pasos, pero las sucesivas crisis gubernamentales y comicios electorales hicieron que su aprobación se atragantara. De hecho, en diciembre estaba prácticamente cerrada y la presentó por primera vez el equipo de Pedro Sánchez. Por eso, en Comillas no les extraña el amplio consenso de la Cámara Baja, de la que sale tan solo con los votos en contra de VOX y PNV. «Prácticamente todos los partidos llevaban en sus programas electorales la necesidad de sacar adelante esta ley, lo que se ha traducido ahora en una buena acogida», subraya Cabrera, que no puede ocultar su satisfacción por la aprobación, a la vez que su «esperanza y confianza de que sirva para reforzar y apoyar tantos esfuerzos que se vienen realizado». Entre los principales empeños de Comillas y las demás entidades sociales se encontraba aumentar el plazo para denunciar los delitos más flagrantes contra la integridad de un menor. Incluso se llegó a hablar de que estos casos no prescribieran, una opción de complejo encaje con la Constitución. Finalmente, la rebautizada como «Ley Rhodes» recoge que la prescripción de los delitos graves empezará a contar cuando la víctima tenga 35 años. «Muchas veces los niños carecen de capacidad para reconocer qué les está pasando, son incapaces de poner nombre al abuso, no pueden revelarlo por su dependencia afectiva familiar, porque creen que su entorno no les va a creer o apoyar, por otros condicionantes sociales…», detalla la investigadora de ICADE sobre esta necesaria ampliación de plazos. «Pueden pasar muchos años –subraya– hasta que adquieres independencia y capacidad para verbalizarlo. Y cuando esto sucede, los hechos ya no podían ser perseguidos porque habían prescrito, el Derecho vivía ajeno a esa realidad». Según los datos de la Fundación ANAR, los abusos contra menores se han multiplicado por cuatro en la última década. En este informe, los sacerdotes aparecen como responsables en el 0,2% de los casos.
Pero, ¿hay alguna especificidad en el ámbito eclesial con respecto a otros como el familiar o el deportivo? «Mantienen el mismo patrón en tanto que detrás de todos ellos hay una dinámica común de abusos de poder y de confianza, pero el Papa Francisco añade una clave en sus reflexiones en el caso de la Iglesia: el abuso de conciencia», responde la investigadora, que aprecia cómo «esa dimensión espiritual sí es específica con respecto a otros espacios que puede conllevar en algunos casos a que la víctima no dé un paso al frente por sentir que está traicionando a su propia fe, a una institución de la que se siente parte y quiere proteger».
En este sentido, Cabrera ensalza la dinámica de «tolerancia cero» que ha instaurado el Papa argentino desde Roma y que considera está calando en la Iglesia española: «Mi percepción es que se están haciendo los deberes, como se puede comprobar a través de los protocolos y de las oficinas de atención que han puesto en marcha las diócesis, pero también en las políticas de protección de menores y personas en situación de vulnerabilidad que ya están funcionando en las congregaciones religiosas».
Ella misma lo está constatando al frente del Proyecto Holistic: «Muchas de las medidas que exige la ley ya se han implantado en los colegios y centros sociales que los jesuitas tienen a su cargo, además de colaborar con la justicia desde el dolor y el arrepentimiento de lo sucedido en el pasado». Según ha podido comprobar de primera mano, «no se busca solo cumplir la ley, sino ser fieles a la misión de poner en los más pequeños en el centro».