Génova impone a los barones el plan Madrid
Rechaza prorrogar el estado de alarma como piden las autonomías para no confrontar con Sol
Los presidentes de uno y otro signo politico tantean la posibilidad de hacer un frente común entre ellas
Las comunidades están ya hablando entre ellas para hacer frente al «precipicio» que les supone que el 9 de mayo termine el estado de alarma sin alternativa jurídica, sobre todo para mantener el toque de queda, que es lo que más preocupa a los gestores autonómicos a la hora de contener botellones y otras actividades sociales en la calle. Incluso a pesar de que en el ejercicio de sus facultades mantengan cerrado el ocio nocturno y también la restauración.
Las conversaciones están en marcha, pero parten de una posición de derrota anticipada en su reclamación de que se prorrogue la alarma al menos hasta junio, para que esté más avanzado el proceso de vacunación.
Los barones están percibiendo que en las direcciones nacionales de sus respectivos partidos el aire sopla en el mismo sentido por distintos motivos. En el Gobierno, Pedro Sánchez quiere acabar con el estado de alarma para que los ciudadanos piensen que las restricciones son sólo responsabilidad de las comunidades autónomas.
El presidente está ahora en clave electoral, como todas las demás partes, pero para que Moncloa rectifique su posición después de las elecciones sería necesaria la colaboración de Génova. Y la dirección popular tampoco está por la labor de «mancharse» con esta prórroga del estado de alarma por dos razones clave: la presión de Vox y la posición de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El futuro de Pablo Casado está ligado al «modelo Ayuso», y poco importan los gritos de auxilio de otras comunidades bajo gobierno popular, como Andalucía, o incluso Galicia, cuando lo que se miden son las posibilidades de que Casado llegue a La Moncloa.
La decisión no se tomará hasta que pasen las elecciones del 4 de mayo, pero los mensajes que llegan a las comunidades, de un lado y de otro, confirman que las dos partes, Gobierno y oposición, quieren quitarse «el tema de encima». «Nadie quiere parecer como el malo de la película. Para eso ya estamos las comunidades autónomas, que nos hemos sentido muy solas desde que se levantó el estado de alarma del año pasado». La queja es de una Administración autonómica socialista. Pero el sentir de los gestores populares y socialistas es bastante parecido y se resume en que «en Madrid sólo piensan en los votos».
Cuando las comunidades llaman a la puerta de sus jefes nacionales la respuesta que reciben es muy parecida: en el verano ya cerrasteis el ocio nocturno sin toque de queda, por lo que, si ésta es la preocupación, la solución está ya escrita. Sin el estado de alarma las comunidades pierden el paraguas de protección jurídica que éste les concede en decisiones que afectan a derechos fundamentales como el de la movilidad. La última palabra la tendrán los tribunales, y aquellas que, además, no tienen policía autonómica, sufrirán más para garantizar el control de las calles.
Si el índice de contagios sigue siendo muy alto para cuando pasen las elecciones madrileñas, habrá mucha presión para ampliar el estado de alarma, pero las comunidades admiten su debilidad para establecer un frente
común de presión en Moncloa si no tienen tampoco el apoyo del PP. También es cierto que, si Sánchez tomara la iniciativa de mantener el estado de alarma, de haber votación en el Congreso al PP no le quedaría más remedio que volver a abstenerse, como ya hizo en el último debate parlamentario del pasado mes de octubre.
Génova no tiene ningún interés en que las comunidades frenen el levantamiento del estado de alarma, pero sus barones también subrayan que, pese a todo, quieren diálogo con Sánchez para ampliarlo o que se les dé una alternativa. El Gobierno vasco es otro de los actores que ha reclamado ya la continuidad de este marco jurídico excepcional, pero las conversaciones privadas tampoco deben estar dándoles muchas esperanzas de salida y Ajuria Enea ha anunciado la puesta en marcha de una reforma legislativa para cubrirse las espaldas. No la hay para cuestiones, como el toque de queda, que afectan a los derechos fundamentales. En anteriores ocasiones la presión del PNV fue determinante para que Sánchez optara por mantener el estado de alarma.