LA OKUPACIÓN SE CUELA EN CAMPAÑA
Mientras el Consistorio da luz verde a una oficina contra este fenómeno, Vox se compromete a erradicarlo
LaLa okupación constituye un problema muy citado por la derecha y escondido por la izquierda. Así se demostró el pasado febrero cuando PSOE y Podemos votaron en el Congreso en contra de la «ley antiokupación» presentada por el PP, al que acusaron de «sobredimensionar» el asunto. No puede decirse que la ocupación ilegal de viviendas esté siendo uno de los ejes de la campaña. Sin embargo, acaba originando uno de esos debates ideológicos que siempre polarizan.
El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por PP y Cs, dio luz verde ayer a la Oficina Antiokupación. Un departamento encargado de aportar información, certidumbre, seguridad jurídica y asesoramiento a los vecinos afectados. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, recordó que éste era uno de los puntos de acuerdo entre PP y Cs en su desembarco en Cibeles. «Las personas afectadas por una okupación podrán conocer cuáles son los procedimientos, cómo contactar con cuerpos de seguridad... cuáles son las medidas que se están llevando a cabo desde el área, así como asesoramiento por canal telefónico y canal telemático», explicó Villacís. Un servicio al que los afectados podrán acceder a través del teléfono gratuito 010 o bien consultando la web municipal: madrid. es/oficinantiocupacion.
Por su parte, esta misma semana, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, había puesto de nuevo la cuestión sobre la mesa. De llegar al Gobierno regional, Vox acabará con los «okupas» y los narcopisos de la región. «El 4 de mayo, los barrios volverán a ser de los vecinos», anunció Monasterio en Twitter.
Isabel Díaz Ayuso no recoge la okupación en su programa electoral.
Sin embargo, dejó clara su postura el pasado septiembre, cuando anunció la puesta en marcha del teléfono 112 Okupación, «con el que la Administración autonómica pretende contribuir a la lucha contra la usurpación ilegal de inmuebles».
PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos guardan silencio al respecto. A pesar de que, según el Gobierno regional, en la Comunidadexistena día de hoy alrededor de 4.300 casas okupadas. Casi la mitad de ellas usurpadas a la Agencia de Vivienda Social (antiguo Ivima), dependientes de Vivienda.