El rescate de Plus Ultra llega al Tribunal de Cuentas Manos Limpias reclama al organismo una auditoría sobre las ayudas de la SEPI
El sindicato Manos Limpias ha presentado un escrito en el Tribunal de Cuentas en el que reclama al organismo auditor que examine las cuentas de los tres últimos años de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, a consecuencia de la polémica ayuda de 53 millones de euros concedida a la aerolínea Plus Ultra.
En el documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el secretario general del colectivo Manos Limpias, Miguel Bernad, considera que el desembolso de dinero público destinado a la compañía en manos de empresarios venezolanos es solo la «punta del iceberg» de lo que considera un supuesto uso fraudulento de esas ayudas a empresas consideradas «estratégicas».
De ahí que Bernad –que se sienta en el banquillo en el «caso Ausbanc» por supuestas extorsiones a entidades bancarias– reclame al Tribunal de Cuentas «se proceda a auditar», mediante un informe contable, «las ayudas públicas concedidas por esa entidad pública», que según expone dispone de un fondo de 10.000 millones de euros para estos fines, durante el último trienio.
«Existe una presunción más que razonable de que ese fondo ha sido utilizado fraudulentamente –mantiene Manos Limpias– siendo el primer caso detectado la concesión de 53 millones de euros a la aeronáutica Plus Ultra», investigado por un juzgado de Madrid, «la punta del iceberg del resto de ayudas públicas concedidas presuntamente con fraude».
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, investiga por esa ayuda a Plus Ultra al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, expresidente en funciones del organismo, y a los miembros de su Consejo de Administración –catorce altos cargos de nueve ministerios, entre ellos, las secretarias de Estado de Hacienda y Economía, Inés Bardón y Ana de la Cueva, respectivamente.
La semana pasada, la instructora admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra Lora y su Consejo de Administración por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias al considerar que los hechos