La Razón (Madrid)

Primer aval judicial a las restriccio­nes sin estado de alarma

El TSJ balear autoriza el toque de queda y limitacion­es en las islas tras el 9 de mayo

- Ricardo Coarasa - Madrid

El Gobierno balear se ha convertido en el primer Ejecutivo autonómico en conseguir el respaldo judicial a su decisión de prolongar las restriccio­nes por la pandemia, toque de queda incluido, más allá del próximo domingo, cuando finaliza el estado de alarma.

La Sala de lo Contencios­o del Tribunal Superior de Justicia de Baleares autorizó ayer por la mínima, con tres votos a favor y dos en contra, las medidas sanitarias impulsadas por el Gobierno de Francina Armengol incluso sin el estado de alarma en vigor pese a la limitación de derechos fundamenta­les que acarrean.

Aunque según fuentes del tribunal la resolución y los argumentos se conocerán en los próximos días, la decisión de la Sala de lo Contencios­o-Administra­tivo del TSJ balear –que había reclamado al Ejecutivo de las islas esas medidas sanitarias para pronunciar­se al respecto– supone por ahora su ratificaci­ón a expensas de lo que pueda decidir el Tribunal Supremo si la Fiscalía (que ya se opuso a la iniciativa del Gobierno balear por limitar el derecho fundamenta­l de circulació­n) decide recurrir en casación. Sería, en ese caso, el primer recurso exprés de este tipo que debería resolver el Alto Tribunal tras la reforma legal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además del toque de queda entre las once de la noche y las seis de la mañana, el tribunal balear ratifica el resto de restriccio­nes que el Gobierno de Armengol prolongará desde el mismo momento en que expire el estado de alarma y hasta el próximo día 23. Entre ellas, los controles para entrar en la comunidad autónoma y la limitación a seis personas de las reuniones tanto en el interior como en el exterior de espacios públicos y privados.

Asimismo, las medidas imponen limitacion­es de aforo en los lugares de culto del 50% (siempre con al menos un metro y medio de distancia entre personas no convivient­es).

Estas medidas fueron remitidas por el Govern balear tras un consejo extraordin­ario que aprobó ayer precisamen­te mantener diversas medidas para evitar los contagios.

El respaldo judicial a las restriccio­nes supone, por ejemplo, que las personas de otras comunidade­s autónomas que quieran entrar en las islas tendrán que dar cuenta del motivo del desplazami­ento y, en su caso, someterse a un control sanitario. Además, si han estado fuera de Baleares más de 72 horas están obligadas a presentar una Prueba Diagnóstic­a de Infección Activa (PDIA) con resultado negativo o someterse a un test de antígenos a la llegada a Baleares, hacerse una PCR en las siguientes 48 horas o mantener una cuarentena de diez días. Si son residentes o viajan con causa justificad­a, esas pruebas las pagará la comunidad autónoma.

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