Sánchez rechaza el estado de alarma y sus socios presionan
Sánchez rechaza la excepcionalidad y sus socios en el Congreso le acusan de «inacción»
«El estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro que es la vacunación». Pedro Sánchez dio ayer por superada la etapa de la excepcionalidad en España para abrir un «escenario radicalmente diferente» marcado por la inmunización de la población. Pero entre este pasado y este futuro existe un presente de caos jurídico por las reclamaciones de las Comunidades Autónomas que no encuentran respuesta en los tribunales superiores de justicia. En Moncloa consideran que las medidas restrictivas de derechos fundamentales no caben en esta nueva fase. Recurrir de nuevo al estado de alarma y a limitaciones de la movilidad como los cierres perimetrales o el toque de queda debe ser, según fuentes gubernamentales, el «último recurso», porque antes se deben agotar todas las vías y herramientas al alcance de las Comunidades Autónomas –como los cierres de la hostelería, por ejemplo–. «Acudir al estado de alarma es lo fácil», señalan las citadas fuentes y apuntan a que semejante petición debe estar «suficientemente justificada» y hacerse en base a datos «preocupantes» de incidencia acumulada del virus.
En Moncloa, no obstante, no creen que ninguna región vaya a dirigirse al Gobierno para pedir que se imponga la excepcionalidad en su territorio sin haber agotado todas las opciones. «Las Comunidades Autónomas tienen amplios instrumentos para hacer frente a la pandemia. Tienen todas las herramientas de la legislación ordinaria y solo precisan el aval judicial, si se pretenden limitar las libertades», señaló ayer la portavoz del Gobierno en rueda de prensa. En la misma línea en el Ejecutivo creen que los tribunales de justicia y el Supremo resolverán de manera favorable a las pretensiones de las comunidades autónomas, si estas medidas están justificadas en base a los criterios epidemiológicos.
En el Gobierno dan máxima prioridad –«es imprescindible», dicen– que exista una «tutela efectiva constitucional de los derechos de los ciudadanos» y creen que es preciso que, para hacer una restricción, opere al menos el aval de dos poderes del estado. En el caso del estado de alarma decretado por el Gobierno de España hubo un segundo poder, el legislativo, que lo ratificó. Y en el caso de que sean las CC AA quienes quieran hacerlo ahora, deberá ser el poder judicial el que lo haga. Por ello, en Moncloa se muestran especialmente críticos con la «ley de pandemias» que ha registrado el PP en el Congreso como alternativa al estado de alarma. «No hay ley orgánica que pueda sustituir a la Constitución. Es de primero de derecho», despreció ayer Sánchez.
Una negativa a la que se sumó posteriormente la portavoz del Gobierno, criticando que este «plan b» de Pablo Casado «tiene un único artículo y deja exclusivamente a las Administraciones Públicas el poder anular los derechos fundamentales de los ciudadanos en términos de derecho de reunión o movilidad». «Es inadecuado e inapropiado que no haya una tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. Esta propuesta es, en mi opinión, uno de los principales ataques a las libertades de los ciudadanos, registrado como tal en el Congreso de los Diputados. No parece que eso sea un “plan b” o una alternativa», destacó Montero, calificando de «muy peligroso» este ejercicio de la oposición.
Pero el PP no es el único en criticar que el Gobierno haya levantado el estado de alarma sin alternativa. La pandemia es uno de los asuntos que más ha tensionado la relación de Moncloa con sus socios en el Congreso. Las sucesivas prórrogas del estado de alarma se vivieron como una prueba de fuego en la que se pudo testar la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Si bien, la última vez que Sánchez reclamó el apoyo de la Cámara Baja para decretar el estado de alarma, los socios dieron su apoyo con la mirada puesta en un marco legal que protegiera jurídicamente a las comunidades tras el 9-M. Ayer, desde el PNV hasta Bildu expresaron la sensación de incertidumbre que reflejan los territorios y apuntaron al Gobierno como principal responsable del caos por su «inacción».
Los socios pidieron un liderazgo claro de la pandemia y dotar a las comunidades de herramientas jurídicas. A juicio de los grupos, la decisión de no prorrogar el mecanismo jurídico se debe a una estrategia electoralista en Madrid. Los portavoces, al unísono, acusaron al Ejecutivo de ser responsable de una «profunda descoordinación que genera caos e incertidumbre». Así lo lamentó ayer Íñigo Errejón quien pidió al Ejecutivo que «recupere los mandos» para liderar la desescalada. Puso voz al desconcierto que existe en algunas comunidades que, dijo, «no saben qué norma rige en sus territorios por- que el Gobierno ha pasado la pata- ta caliente a las comunidades autónomas primero y a la justicia».
Desde el País Vasco, primera comunidad en pedir una prórroga, se insistió en la necesidad de un «paraguas jurídico». Su portavoz Aitor Esteban avisó que el Gobierno había cometido un «error» al no promover un plan b.
Crítica idéntica llegó desde ERC. Su portavoz Gabriel Rufián tildó de «irresponsable» al Gobierno por no idear nuevas medidas para proteger a la ciudadanía como se comprometió a hacer. «No se puede pasar de cero a cien», argumentó. Su homóloga de Bildu, Mertxe Aizpirua habló de una «irresponsabilidad compartida» por parte del Gobierno y de las comunidades y pidió que no se culpe a los ciudadanos de los rebrotes.
Sitúa la alarma en el «pasado», a pesar del «caos» que denuncian ERC, PNV, Bildu, Más País y Compromís