Podemos desoyó un informe interno que rechazaba contratar a escoltas
Los abogados avisaron de que «ningún empleado» podía dar seguridad a Pablo Iglesias
En julio de 2016 Podemos todavía soñaba con el ‘sorpasso’ al PSOE, ya que apenas un mes antes, el 26 de junio, la formación entonces liderada por Pablo Iglesias y sus confluencias obtuvieron 71 escaños; por 85 de los socialistas. Y con esta expansión, la formación morada se vio obligada a elevar, de un día para otro, el número de trabajadores del partido, que decidió contratar a personal de seguridad propio para que ejercieran de escoltas de Pablo Iglesias y otros cargos.
Y uno de estos nuevos empleados de seguridad fue Elena González, quien había sido contratada el 25 de febrero de 2016, pero que formalmente trabajaba en el área de Logística del partido. Sin embargo, según consta en la demanda laboral que interpuso esta ex trabajadora de Podemos, las funciones reales que desempenÞaban eran las «de escolta personal, tanto de la agenda oficial como de la personal, incluyendo viajes, pernoctas y cualquier tipo de desplazamiento de Pablo Iglesias, en exclusiva».
Ante esta situación supuestamente irregular, el que entonces era responsable de seguridad de Podemos, Sergio Illanes, conocido en el partido con el alias de «Manzana», empezó a cuestionar el uso de escoltas a nómina del partido, ya que eso, según su criterio, incumplía la Ley de Seguridad Ciudadana, que impide estas contrataciones directas, y por el contrario obliga a recurrir a las empresas especializadas. De hecho, siempre según las fuentes del partido consultadas versión, el jefe de seguridad elevó a la Ejecutiva un escrito en el que advertía de que Podemos no podía contratar directamente a escoltas.
Para determinar si Podemos estaba conculcando la ley al contratar directamente a los escoltas, tal y como relataba el jefe de seguridad, la dirección del partido encargó el Equipo Legal de Podemos, encabezado entonces por la ahora vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados,
Gloria Elizo, que estudiara esta cuestión. Y los abogados llegaron a la conclusión, después de analizar la normativa vigente, de que «ningún empleado de Podemos puede realizar directamente funciones de escolta privados para el acompañamiento, defensa y protección de personas físicas», según consta en el informe que se remitió al Consejo de Coordinación el 20 de julio de 2016,
El Equipo Legal advirtió de que la ley obliga a los partidos a contratar a personal de las empresas de seguridad
y al que ha tenido acceso en exclusiva LA RAZÓN.
En el mismo sentido de lo que decía el jefe de seguridad, completan las fuentes consultadas, el informe jurídico aconsejaba contratar los servicios de un escolta de una empresa de seguridad. Este documento del Equipo Legal también resaltaba que los servicios de seguridad «sólo podrán prestarse por empresas de seguridad privada, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».
Y como solución, prosigue el dosier jurídico, «sin perjuicio de que determinados cargos de Podemos vayan siempre acompañados por otras personas de forma estrictamente particular», los abogados apuntaban dos opciones: «Solicitar formalmente al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente que se hagan cargo de las funciones de acompañamiento, defensa y protección de los cargos públicos de Podemos, bajo su completa responsabilidad»; o «la contratación del servicio de vigilancia y protección de personas a una empresa de seguridad privada con cargo al presupuesto de seguridad oficial».
Sin embargo, los dirigentes de Podemos decidieron que los «escoltas» se mantuvieran en las mismas condiciones laborales, es decir que siguieran contratados directamente por el partido, en el área de Logística.