El Supremo liquida Madrid Central pero seguirá activo

El Ayuntamiento asegura que cuenta con dos meses de plazo para aplicar la sentencia

Madrid Central, al menos como se conocía hasta ahora, ya está finiquitado. La inadmisión del Tribunal Supremo al recurso de casación de Ecologistas en Acción, contra una sentencia del TSJM del pasado julio que anulaba varios artículos de índole legal, supone el acta de defunción definitiva de la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Ayuntamiento de Manuela Carmena.

Un texto que entró en vigor el 30 de noviembre de 2018 y que acotaba al tráfico 472 hectáreas del distrito Centro, solo transitables para vehículos ECO o Cero emisiones.

De esta forma, el Supremo respalda la decisión de los tribunales madrileños de anular los artículos 21 a 25 de Madrid Central. El motivo, sus defectos formales. Entre ellos, el que se refiere al trámite de información pública, el «derecho fundamental que tienen los españoles a participar en los asuntos públicos», recogido en la Constitución y que había sido «omitido» de la Ordenanza de Movilidad. Otro de los puntos que han motivado su decisión es el relativo a la memoria económica, inexistente en aquella normativa. «Es constante la doctrina jurisprudencial sobre la incorporación de la memoria económica al procedimiento de elaboración de toda norma reglamentaria», afirma el Supremo.

Se da la circunstancia de que las sentencias del TSJM fueron consecuencia de los recursos interpuestos por el Grupo Municipal Popular en 2018, entonces en la oposición, y desde hace casi dos años al frente del Palacio de Cibeles. Y, por tanto, es ahora quien tiene que afrontar la decisión del Supremo con vistas a eliminar la normativa. Fuentes municipales aseguran que las cámaras situadas en los límites de Madrid Central van a seguir funcionando. Y, por tanto, notificando notificando las infracciones a aquellos conductores que accedan a su perímetro sin estar autorizados. Así, los 115 dispositivos repartidos por el distrito no se apagarán por el momento.

Desde el Consistorio liderado por José Luis Martínez-Almeida apuntaban ayer a que todavía no habían recibido el auto del Supremo. Consideran que cuentan con

un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia, a no ser que el TSJM exija su aplicación inmediata. Un tiempo en el que tendrán que impulsar la tramitación de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, enmarcada en su estrategia Madrid 360, ya anunciada y que si bien, en esencia, respetará los límites de Madrid Central, también introducirá una serie de «mejoras». «Sabíamos que Madrid Central no era eficaz ni efectivo, y tampoco se ajustaba al ordenamiento jurídico», aseguró ayer el alcalde. «Los problemas de Madrid no se solucionan solo en el Centro. Los vecinos de Carabanchel también tienen derecho a respirar aire limpio», añadió.

No en vano, las implicaciones del auto conocido ayer aún deben ser analizadas por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Sin embargo, desde el Consistorio aclaran uno de los aspectos que más preocupan, sobre todo porque respecta a las arcas municipales y a los bolsillos de los ciudadanos: las casi 1,4 millones de multas impuestas desde que Madrid Central entró en vigor, y que podrían suponer entre 63 y 126 millones de euros recaudados, no se «levantarán» tras la sentencia del Supremo. El Ayuntamiento estima que aquellas sanciones que ya fueron notificadas a los infractores no se devolverán, ya que suponen «actos firmes». En todo caso, se reconoce la excepcionalidad de la situación: por un lado, una sentencia que deja sin validez una ordenanza; por otro, un texto municipal que sigue vigente, con sus correspondientes señales de «prohibido el paso».

La aplicación de Madrid Central fue una de las puntas de lanza de la oposición –entonces PP, Cs y Vox– durante el mandato de Manuela Carmena, que contaba con Inés Sabanés como concejala de Medio Ambiente.