La Razón (Madrid)

Golpe al callejero de Carmena

El Tribunal Superior de Justicia confirma que deben mantenerse las calles Millán Astray y Caídos de la División Azul por no estar afectadas por la Ley de Memoria Histórica

- A. Bartolomé

Durante el mandato de Manuela Carmena, Ahora Madrid junto con Podemos, procedió a cambiar la denominaci­ón de 52 calles y plazas de Madrid al considerar que vulneraban la Ley de Memoria Histórica. Entre ellas se decidió suprimir las de Millán Astray y Caídos de la División Azul, pero tras una larga batalla en los tribunales encabezada por la Plataforma Millán Astray y familiares de divisionar­ios, la justicia ha decidido que ambas placas deben mantenerse.

La normativa a la que apelaba el consistori­o de Carmena prohíbe la simbología de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura, pero los fallos han considerad­o que la calle Millán Astray fue nombrada así en 1924 en recuerdo del fundador de la Legión, y que la otra denominaci­ón rinde homenaje a los voluntario­s de la División Azul, no al régimen franquista.

En primer lugar, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado mantener la denominaci­ón de la calle Caídos de la División Azul, situada en el distrito de Chamartín. Así consta en una sentencia en la que se desestima el recurso de apelación interpuest­o por el Ayuntamien­to de Madrid contra la sentencia del Juzgado de lo Contencios­o-Administra­tivo Contencios­o-Administra­tivo número 8 de Madrid que anuló el cambio en abril de 2018. De este modo, los magistrado­s confirman el fallo recurrido al ser ajustado al ordenamien­to jurídico e impone a la parte apelante las costas procesales. El caso llegó a los tribunales a instancias del Colectivo de Familiares de Caídos en Rusia.

Los magistrado­s concluyen que «no ha existido errónea valoración de la prueba por parte de la juez de instancia, que acertadame­nte ha concluido que no se ha realizado, respecto del caso que nos ocupa, una correcta aplicación de la Ley 52/2007».

El juez realizó en su sentencia una mención explícita al artículo 15 de la ley de Memoria Histórica y que considerab­a no ampara el cambio de denominaci­ón. Señalaba que la calle rinde homenaje a los voluntario­s de la división española que luchó contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial incorporad­a a la Wehrmacht de la Alemania nazi. Por ello, entendía que la modificaci­ón no es «ajustada a derecho» al estar fuera del encaje del artículo 15 de la LMH, precepto legal sobre el que se sustentan los cambios del resto de nomenclatu­ras propuestas por el Comisionad­o del Consistori­o de Madrid.

El TSJM ha dictado asimismo sentencia confirmato­ria de la dictada por el Juzgado Contencios­o

Administra­tivo número 7 de Madrid respecto a la calle del fundador de la Legión. Fuentes de la Plataforma Millán Astray señalan a LA RAZÓN que «en estos cinco años» se ha hecho «un esfuerzo titánico de capacidade­s y estrategia­s» para que el militar vuelva «a su ciudad de adopción».

Lamenta la entidad que el actual alcalde, José Luis Martínez- Almeida, «no haya restituido esta calle, y que haya mantenido el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que interpuso el Gobierno municipal de Manuela Carmena».

La Plataforma Millán Astray espera que el primer edil «no se demore mucho en reponer las placas y en dar cumplimien­to a la sentencia, así como que establezca una forma de arbitrar de la forma más rápida y eficiente posible la indemnizac­ión a los vecinos y comerciant­es por los gastos que les ha ocasionado el indebido cambio del nombre» de la calle.

El 28 de abril de 2017 el Pleno de Madrid aprobó con la abstención del PP y el apoyo de Ahora Madrid, PSOE y Cs el cambio de 52 calles franquista­s. Posteriorm­ente, el 30 de julio de 2018 el Juzgado de lo Contencios­o Administra­tivo número 23 de Madrid no avaló el cambio de denominaci­ón de ocho de esas calles, sentencia que fue recurrida por el Ayuntamien­to.

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AYUNTAMIEN­TO DE MADRID Operarios municipale­s retiraron las placas de la vía dedicada a Millán Astray en cumplimien­to del acuerdo del Pleno del Ayuntamien­to de la capital

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