Madrid Central paraliza la imposicion de multas
Las cámaras registrarán las matrículas a la espera del TSJM
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció ayer que, de manera provisional, el Ayuntamiento va a paralizar la imposición de multas por acceder indebidamente al área de bajas emisiones de Madrid Central, aunque las cámaras seguirán encendidas y se continuará registrando a los infractores. El Tribunal Supremo ratificó la anulación de Madrid Central al inadmitir un recurso contra una sentencia previa del TSJM, de 27 de julio de 2020, que estimó parcialmente el recurso del PP (entonces en la oposición y encabezado por Almeida) contra la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Ejecutivo de Manuela Carmena.
Aunque inicialmente el Consistorio indicó que se seguirían tramitando las sanciones con normalidad, ahora el equipo de Almeida ha optado por que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien indique cómo actuar y, por «prudencia», detener el envío de sanciones a los infractores.
Según explicó el alcalde, el Consistorio está ultimando un
El equipo de Almeida confía en que la Justicia les dé un plazo de dos meses para poder aprobar la nueva ordenanza
incidente de ejecución de sentencia ante el TSJM para que este aclare si, una vez ratificada la anulación de Madrid Central, debe frenar la tramitación de las sanciones con carácter inmediato. De manera que, toda multa sin «resolución firme en vía administrativa», es decir, aquellas que no hayan sido comunicadas a los infractores independientemente de la fecha de la infracción, quedarán en el aire. Sin embargo, tanto esas sanciones a medio tramitar como las que puedan derivarse del acceso indebido a la zona de bajas emisiones a partir de ahora podrían acabar haciéndose efectivas si así lo avala el TSJM. «Por ahora, y mientras no se resuelve el incidente de ejecución, las cámaras de Madrid Central van a seguir registrando la entrada de todos aquellos vehículos que no están incluidos dentro dentro de su ámbito de aplicación», recalcó el alcalde.
«¿Esto quiere decir que van a acabar en sanción. No (...) se registrarán las matrículas, en su caso se iniciará el procedimiento, pero finalmente el criterio que se nos dé desde el TSJM respecto de Madrid Central, junto con el criterio de los servicios jurídicos, será el que determine si concluye o no ese procedimiento sancionador», añadió. El Ayuntamiento cuenta con que el TSJM le dé un plazo de hasta dos meses para ejecutar la sentencia, lo que le daría margen para aprobar una nueva ordenanza y evitar una situación de vacío legal.
«Sí creemos que es necesario, por una cuestión de seguridad jurídica, que las cámaras sigan funcionando (...) pero insisto a todos los madrileños: esto no quiere prejuzgar nada respecto de cómo concluya ese procedimiento que se inicia», aseguró Almeida, que también reiteró la complejidad jurídica de la situación, pues hay varios frentes abiertos: «Las sanciones que son firmes ya, porque no cabe recurso; las sanciones que todavía se están tramitando; y las sanciones que están en vía judicial».