La vinculación de las pensiones con el IPC cuesta 7.868 millones más
► El Estado deberá inyectar a la Seguridad Social más de 43.000 millones para hacer frente a los compromisos
El regreso de la revalorización de las pensiones a la evolución de los precios tendrá un coste de casi 8.000 millones de euros. En concreto, los 10 millones de pensionistas que contemplan los PGE de 2022 recibirán 171.165 millones de euros, 7.868 millones más, un 4,8% superior al ejercicio precedente y un nuevo récord respecto a los 163.297 millones de 2021. Esta cuantía supone que de si el gasto social se lleva el 59,8% de los fondos, las pensiones son el grueso de ese gasto. De hecho, 37,3 euros de cada 100 euros comprometidos en los PGE son para pagar las pensiones. Sin embargo, la cuantía del gasto en pensiones se cimenta sobre una previsión, ya que el IPC definitivo no se conocerá hasta el próximo noviembre. El acuerdo presupuestario alcanzado por PSOE y Unidas Podemos implica que el alza estará finalmente vinculado a la inflación media del año anterior (de diciembre de 2020 a noviembre de 2021), como contiene la primera parte de la reforma de las pensiones que aún se tramita en el Parlamento. Como se espera que la inflación cierre el próximo noviembre por encima del 2%, las pensiones se revalorizarán más que los sueldos de los funcionarios, que suben un 2%. Los datos de inflación desde diciembre de 2020 arrojan una media en el 1,91%, pero septiembre se cerró con la inflación más alta desde 2008, el 4%, y las previsiones son incluso más elevadas para octubre y noviembre como consecuencia de la escalada de precios de la energía. Por su parte, las pensiones mínimas y no contributivas suben un 3%. En los presupuestos se incluye también el gasto para compensar a los pensionistas con la «paguilla» que equilibrará las desviaciones de la previsión de IPC aplicado en la revalorización de las pensiones de 2021 (0,9%) respecto al cierre del año. El proyecto de Presupuestos de 2021 blindó que ese abono se realizara antes del 1 de abril de 2022 y en un único pago. Ante estas previsiones, pese a que los ingresos por cotizaciones de empresas y trabajadores ocupados subirán un 9,7%, hasta los 127.224 millones el Estado deberá acudir al auxilio de la Seguridad Social para hacer frente a los 171.165 millones de euros de gasto contemplados. Será necesaria una nueva inyección de recursos por algo más de 43.000 millones de euros. En conjunto, las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social ascenderán en 2022 a 36.276 millones de euros, lo que representa un aumento del 16,4% respecto a lo presupuestado en 2021. Destaca, por su cuantía, las transferencias del Estado a la Seguridad Social en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo por importe de 18.396 millones de euros, 4.467 millones más que en el Presupuesto 2021, con el objeto de «garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo». Además, la Seguridad Social recibirá casi 7.000 millones en préstamos (6.982 millones), cuantía que se reduce casi a la mitad respecto al año pasado tanto por el aumento de las transferencias del Estado en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo como por la positiva evolución prevista de los ingresos por cotizaciones.