El juez revisa los documentos de «El Pollo» sobre Podemos
► La Audiencia Nacional busca validar los papeles de Carvajal sin la colaboración de Venezuela
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional está analizando al detalle toda la documentación entregada por el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Carvajal. El problema es que al otro lado de la información está Venezuela, un país poco dispuesto a colaborar con la Justicia española por lo que chequear la autenticidad de los contratos que arrinconan a Podemos no está siendo una tarea fácil. En función del resultado de este análisis se decidirá volver a citar al conocido como «Pollo» Carvajal, según fuentes judiciales.
El relato cronológico de los hechos comienza once días después del encarcelamiento de «El Pollo» en la cárcel de Estremera, donde continúa pendiente de su extradición a Estados Unidos que lo reclama por delitos de narcotráfico. El hombre que guardó todos los secretos Hugo Chávez entre 2000 y 2011, pidió voluntariamente declarar ante el juez Manuel García-Castellón. En principio iba a hablar de terrorismo, pero acabó desvelando los entresijos de la supuesta financiación del país bolivariano al partido morado. El magistrado le pidió pruebas y él prometió aportarlas.
Y ha cumplido. En un primer momento, el pasado 30 de septiembre entregó un contrato que incumbía al exmagistrado Baltasar Garzón por el pago de unos servicios al bufete que dirige. Ese documento quedó muy lejos de todo lo que Carvajal había relatado y el juez se planteó entonces archivar el procedimiento ante la falta de indicios para seguir investigando, como informó LA RAZÓN. Sin embargo, una segunda entrega de papeles ha dado un vuelco a la situación. El entorno de «El Pollo» dio el pasado miércoles al menos otros dos contratos –cuyo contenido permanece bajo secreto– que sí involucran a miembros de Podemos, como adelantó Okdiario. Uno, fechado en 2008, relativo a un pago de 7.168.090 millones de euros a la Fundación Centro de Estudios Políticos Sociales (CEPS) en el que se cita expresamente a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero. Otro, del año 2013, en el que se autorizan 142.000 euros en concepto de comunicación para dirigentes como Carolina Bescansa. Aunque algunos de estos documentos ya habían sido publicados durante estos años, fuentes judiciales explican que esta vez se trata de los originales, pero exponen la dificultad para corroborarlos.
En condiciones normales el siguiente paso sería enviar una comisión rogatoria a Venezuela para validar y completar todos estos datos. Sin embargo, el país que dirige Nicolás Maduro no colabora con los tribunales españoles. La Audiencia Nacional ha enviado incluso nombres y fotografías de miembros de la banda terrorista ETA para ayudar a su localización sin obtener siquiera respuesta. Los investigadores son poco optimistas con la colaboración venezolana, por lo que después del desglose minucioso de los datos la balanza se inclina por volver a llamar a declarar al exjefe de la Inteligencia en las próximas semanas.
El objetivo es asegurarse de la veracidad de los contratos para volver a citar a «El Pollo»