Los siete pueblos «franquistas» que resisten a la Ley de Memoria
► Sus actuales alcaldes e incluso los vecinos no lo consideran una prioridad. Solo Alberche del Caudillo ha iniciado los trámites
Siete pueblos españoles con nombres franquistas resisten aún ante la Ley de Memoria Democrática que obliga a cambiar su denominación, ya que en la mayoría de los casos sus actuales alcaldes e incluso los vecinos no lo consideran una prioridad. «Lo que les preocupa es que no llueve, no el nombre del pueblo», asegura el alcalde de Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Andrés Antonio Arroyo (PP).
Este pueblo, de unos 700 habitantes, es uno de los siete que mantiene nombre franquista junto con Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Villafranco del Guadalhorce (Málaga), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).
El alcalde de Llanos del Caudillo se ampara en una sentencia de 2018 dictada por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, que rechazó la petición que hizo un abogado para que el municipio cambiara su denominación oficial en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, aunque la actual Ley de Memoria es más clara con las obligaciones relacionadas con la toponimia.
Además, este alcalde afea que el interés por su pueblo se despierte solo por su denominación y no por las cosas que se hacen en el municipio, al que asegura que no le molesta «su apellido» porque forma parte de la historia, de «esa historia que hay que aprender para no volver a caer en los mismos errores».
En algunos de estos pueblos, como Quintanilla de Onésimo – unos mil habitantes– y San Leonardo de Yagüe –unos dos mil–, el asunto se ha convertido prácticamente en tema tabú para los políticos y para algunos vecinos. «Después de las elecciones hablamos», dice a Efe el alcalde de Quintanilla de Onésimo, Carlos del Barrio (PSOE), que al ser preguntado directamente si el cambio de denominación está en sus planes contesta que mantienen «la denominación de origen Ribera del Duero», ya que el pueblo está en este entorno vitivinícola.
Tampoco Villafranco del Guadiana tiene intención por el momento de modificar su denominación, ya que «simplemente, esta cuestión no está en el día a día» de los vecinos, como expresa su alcalde, Daniel Sánchez (PP). No obstante, asegura que se «cumplirán las leyes y se aceptará la voluntad de la población», la cual, sin embargo, y según recuerda, se muestra «contraria» a la modificación.
De hecho, la mayoría de habitantes de esta pedanía de Badajoz no quiere cambiar el nombre del pueblo –800 de sus 1.500 vecinos firmaron en 2016 por mantener la denominación– y «no es un tema del día a día», según su regidor.
«Los vecinos no se levantan todos los días pensando si somos Villafranco o Villapedro», señala Sánchez, que asegura que su objetivo es «gobernar y sacar proyectos adelante para los vecinos, no enredarse en líos».
Los vecinos de Villafranco del Guadalhorce, un núcleo de Alhaurín el Grande (Málaga) de alrededor de 700 habitantes, tampoco tienen interés en el cambio, ya que lo consideran un asunto más bien político y creen que hay otras prioridades. Curiosamente, más de una treintena de vecinos se apellidan Franco, pero algunos de ellos aseguran que «nada tiene que ver con el caudillo».
El único pueblo de los siete que ha iniciado los trámites para cambiar su denominación es Alberche del Caudillo, que depende del Ayuntamiento de Calera y Chozas, si bien el alcalde, Gabriel LópezColina (PP), señala que el procedimiento está paralizado. El motivo es que la administración local pidió un informe jurídico en el que se recomienda dicha paralización hasta que no esté elaborado un catálogo oficial de los municipios, calles y otros espacios que deben cambiar su denominación en aplicación de la Ley. «Queremos cumplir con la ley, en cuanto esté el catálogo volveremos a realizar los trámites», asegura el regidor.
Estas reticencias y parálisis chocan con las obligaciones de la nueva Ley de Memoria Democrática, que considera elementos contrarios a la memoria democrática las referencias en topónimos a dirigentes y participantes de la dictadura, llegando a contemplar multas de hasta 10.000 euros.