Hacienda niega a Transparencia el aval a sus cuentas
► Rechaza revelar el informe de la Abogacía para sortear el veto del PP en el Senado
familia con dos hijos, en cuyo caso el tope fijado en las condiciones para acogerse a estos avales se ha fijado en 76.052 euros.
Puesta en números la diferencia de costes de pedir una hipoteca con aval o sin él, Kelisto calcula que mientras que un préstamo de 200.000 euros sin aval tendría una cuota de 928 euros al mes, la misma hipoteca pero que cuente con un aval del ICO y que, por tanto, se elevaría hasta los 250.000, tendría una de 1.160 euros, lo que significa 232 euros más al mes. Respecto a los intereses a abonar, el total sería de 78.324 euros para la hipoteca de 200.000 euros y de 97.906 euros, 19.581 más, para la de 250.000 con aval del ICO.
Otra de las posibles derivadas de estos avales es que, al incrementarse la cantidad del préstamo, también se acrecienta el potencial riesgo de impago. A este respecto, el Banco de España ya manifestó el año pasado cuando se anunció la medida sus reservas respecto a que las hipotecas superen el 80% del valor de la vivienda, tal y como se impuso a la banca con carácter general tras la Gran Recesión. El director general de Economía y Estadística del organismo, Ángel Gavilán, aseguró entonces que la línea de créditos ICO para empresas puesta en marcha durante la pandemia tuvo unos efectos muy positivos, pero también aclaró que se trató de una herramienta que se puso en marcha en una situación «extraordinaria» y de forma «temporal», condiciones que no se dan a su entender en el caso de la línea para vivienda, un problema que considera estructural y mucho más profundo. «Tenemos que pensar si estamos ante un problema transitorio o estructural y si las percepciones de riesgo son las adecuadas o no», manifestó Gavilán. Y, para el director general de Economía y Estadísticas del Banco de España, la valoración de riesgo que hacen en este momento las entidades financieras, otorgando un máximo de financiación equivalente al 80% del valor de tasación de una vivienda, «es la adecuada».
El polémico y supuesto informe de la Abogacía al que se ha arrogado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para seguir adelante con la senda fiscal, el techo de gasto y los Presupuestos Generales de 2024 seguirá siendo un «secreto» por lo menos hasta que el PP vuelva a rechazar el texto en el Senado, donde tiene mayoría absoluta y ya lo hizo en su primer intento.
Será en ese momento en el que lo haga público para dotar de armazón legal la presentación de las Cuentas. Dicho informe fue anunciado por la vicepresidenta en la reunión de diciembre del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En él aseguró que su texto «avalaba legalmente» fijar los objetivos de estabilidad aprobados en abril por el Gobierno y remitidos a la Comisión Europea si no conseguían prosperar en la Cámara Alta hasta en dos ocasiones.
El Ministerio de Hacienda rechaza así facilitar al Portal de Transparencia el informe, que ha reclamado su contenido. En respuesta a la solicitud de un particular, la Subsecretaría de Hacienda denegó la petición porque, al ser un texto relativo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y estar en fase de elaboración, podría suponer «un perjuicio para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión». Además, Hacienda alega que la publicación del informe difunde aspectos de la política económica del Gobierno, lo que podría dar lugar a que los operadores económicos « puedan anticipar comportamientos no deseados», según reseñó Europa Press .
Según han confirmado fuentes ministeriales, se ha negado la petición acogiéndose al artículo 14 de la Ley de Transparencia, en el que se estipula que el derecho de acceso a la información podrá ser limitado cuando suponga un «perjuicio para la política económica y monetaria». Desde el Ministerio se han limitado a referir que, en realidad «no ha existido ningún rechazo», ya que la información requerida «se hará pública cuando sea efectivo», es decir, si el Senado tumba por segunda la vez los objetivos de estabilidad.
El Consejo de Ministros volvió a aprobar el pasado martes los mismos objetivos de déficit, deuda y techo de gasto que en su primer intento, sin cambiar ninguna de las grandes cifras, de modo que volverá pasar por el filtro del Senado. Todo apunta a que será de nuevo rechazado y devuelto al Congreso.