El Gobierno ocultará si pone escolta a Puigdemont

► El Ejecutivo sigue sin una decisión: está en manos de un informe de la Abogacía del Estado

Carles Puigdemont lleva mucho tiempo reclamando un servicio de escolta por los riesgos que considera que hay para su seguridad, pero el Gobierno siempre se ha negado a autorizarlo. Hasta ahora. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que necesita de los apoyos de Junts, ha cambiado de opinión y ahora ya se abre a prestarle el servicio de escolta a Puigdemont, aunque tampoco se revelará si acaba siendo así. Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ministerio del Interior a las diputadas del PP Ana Vázquez e Isabel Borrego, donde se especifica que todavía no se ha tomado una decisión porque se está a la espera de un informe de la Abogacía del Estado. No obstante, decida lo que decida finalmente el Gobierno, no se va a hacer público y el Gobierno se ampara para ello en la Ley de Secretos Oficiales.

«Se informa que se ha solicitado informe a la Abogacía del Estado en el Ministerio del Interior sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la referida solicitud y, en su caso, el cuerpo policial competente para llevarla a cabo», señala el Gobierno en su respuesta por escrito a las diputadas del PP. No obstante, el Gobierno matiza que «hay que tener en cuenta la normativa relativa a la protección de determinadas materias» que «deben ser objeto de un acceso restringido y limitado a personal autorizado por afectar a la seguridad y defensa del Estado», aludiendo a la Ley sobre Secretos Oficiales.

«En relación con ello, cabe señalar que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 (...), otorga el carácter de ‘Reservado’ a aquella información relativa a las plantillas de personal y medios y de equipo de las ‘Unidades.’ Por tal motivo, la difusión de la información solicitada revelaría datos sobre capacidades y dimensionamiento de las plantillas destinadas a los cometidos de protección, poniendo en riesgo la seguridad del protegido y de los propios agentes, perjudicando, con ello, los intereses de la seguridad pública», zanja el Gobierno.