El Tribunal de Cuentas avala las fiestas del PCE en Rivas con apoyo municipal

► La resolución cuenta con el voto particular de cinco consejeros que creen que se vulnera la Ley de financiación de partidos

El Tribunal de Cuentas ha avalado las fiestas del Partido Comunista de España en Rivas después de que Vecinos por Rivas Vaciamadrid acudiera a la institución después de constatar que el mismo escenario que se había montado entre los días 8 y 12 de septiembre en el municipio para festejar las fiestas patronales de 2021 siguiera montado durante varias semanas más. Así, comprobó que los días 24, 25 y 26 del mismo mes lo utilizaba el PCE para la celebrar las fiestas del partido.

Luego se supo que el Ayuntamiento (gobernado por IU) y el PCE había firmado un acuerdo de colaboración por el que el Consistorio se comprometía a colaborar donando en especies 48.153 euros. Sin embargo Vecinos por Rivas Vaciamadrid decidió acudir al Tribunal de Cuentas porque «no entendemos la cesión de espacios municipales a entidades privadas que son partidos políticos y que encima paguemos por ello».

El Tribunal de Cuentas, sin embargo, ha decidido no iniciar un procedimiento sancionador, con el voto particular en contra de la decisión de cinco magistrados, al entender entender que tanto el Ayuntamiento como el PCE «han llevado a cabo los compromisos recogidos en el convenio y se ha cumplido el objeto de éste: la realización conjunta de actuaciones para organizar actividades culturales». De este modo concluye que los gastos en los que incurrió el Ayuntamiento de la localidad, tanto de montaje del escenario como la renuncia al cobro de tasas «no han sido de manera directa directa y exclusiva en beneficio de la formación, sino que ha redundado en beneficio de la población del municipio al promover la cultura. La formación tampoco ha obtenido lucro alguno como resultado de las actividades realizadas», expone la resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Por si quedaba alguna duda, puntualiza que «la cesión sin coste de la utilización de un espacio público acordada entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y el PCE se produjo en el marco de un convenio de colaboración en el que el partido asumía la realización de actividades culturales cuya puesta en marcha redundó, de forma incuestionable, en beneficio de la población del municipio y no formaban parte de la actividad política de la formación».

Por el Auditorio Miguel Ríos pasaron grupos como Mafalda, La Reina de los lagartos, El Gel y Zoo. También se celebraron conciertos de los grupos Martín Plan B, Anier y Los Chicos del Maíz. Además hubo conferencias y, como colofón a todos los actos, intervino el cantante cubano Silvio Rodríguez. El precio era de 15 euros, en venta anticipada y de 20 en taquilla, pero también hubo actuaciones al precio de dos euros.

La parte musical se vio completada con debates, teatro, deporte, gastronomía, actividades infantiles, rincón cubano...

La resolución, sin embargo, ha contado con el voto particular de los consejeros de Cuentas Elena HernándezSalgu ero, Rebeca La liga Misó, José Manuel Otero Lastres, Javier Morilla González, y Miguel Ángel Torres Morato al acuerdo de no incoar procedimiento sancionador al PCE «por irregularidad consistente en la posible aceptación de que terceras personas asuman de forma efectiva el coste de los gastos que genera su actividad».

Los consejeros entienden que esto vulnera el artículo 4.3 de la Ley Orgánica8/2007,de4dejulio,sobre financiación de los partidos políticos. Es por ello por lo que consideran que sí concurren los elementos necesarios para que se abra el procedimiento sancionador.

En su opinión, los pagos en especie, vía convenio, entre el PCE y el Ayuntamiento, como entidad pública que es ,« no obedecen en absoluto a ningún sistema representa ti vi dad, a diferencias del resto de fuentes de financiación pública (subvenciones electorales, estatales, de las Comunidades autónomas...).

Más aún, «tal forma de financiación vulnera la independencia de las instituciones públicas, fin último que persigue el legislador, a lo que cabe añadir que las entidades del sector público deben ser neutrales e independientes (...) El legislador no quiere que ninguna administración pública participe directa o in directamente en la financiación de un partido político», exponen.