El PP apunta al presidente y se personará en la causa
► Gamarra señala a Sánchez como máximo responsable de la trama y cree que no destituye al exministro por lo que sabe de él
ElEl Partido Popular mantiene su ofensiva ante el supuesto cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas en plena pandemia, una trama a la que los de Feijóo bautizaron ayer como «caso Ábalos» y contra la que actuarán con la misma contundencia que el PSOE con Rajoy. Esta afecta al Ministerio de Fomento, donde tuvo su origen y desde donde funcionaba la «organización», además de salpicar también al Ministerio del Interior, al de Sanidad y al de Política Territorial.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, compareció ayer ante los medios después de la reunión de coordinación y seguimiento que mantuvieron en la sede del partido, desde donde advirtieron de la «gravedad» de lo que acontece que, además, afecta a dos gobiernos autonómicos, el de Baleares, que tenía de presidenta a Francina Armengol –hoy presidenta del Congreso– o al de Canarias, presidido entonces por el hoy ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres.
«Cuando hemos conocido los implicados, encontramos a quienes quienes fueron las cabezas visibles de la llegada de Pedro Sánchez hasta la secretaría general del PSOE a través de unas primarias», apuntó Gamarra. Son Koldo García, José Luis Ábalos o, destacan también, Santos Cerdán, ya que fue el «introductor del exasesor de Ábalos en el equipo que propició que Pedro Sánchez accediera al Gobierno con una moción de censura». «Son los mismos, el equipo de campaña de las primarias de Sánchez», dejando ver quién rodea al presidente del Gobierno.
Después de que este miércoles saltara la trama, el PP señala que el jefe del Ejecutivo «no se atreve a pedir el acta de diputado a Ábalos, ni tampoco ha dado explicaciones sobre por qué lo cesó como ministro en 2021». Aquel cese hizo pensar que tenía que haber alguna causa importante y, «a día de hoy, seguimos sin esa explicación, aunque empezamos a tener claro el porqué fue», ya que posiblemente lo que hoy ha saltado a la luz pública «ya empezaba a ser conocido por Sánchez». «Puede que –el presidente– tenga preocupación sobre lo que pueda saber sobre sí mismo» Ábalos por lo que, apuntan, ese sería uno de los motivos por lo que esté costando tanto al Gobierno pedir al hoy diputado socialista y presidente de la comisión de Interior del Congreso de los Diputados que deje su acta.
Desde el PP llevan reclamando su dimisión desde hace días. «Llama la atención el silencio de los socialistas ante la asunción de responsabilidades de Ábalos».
Para no dejar ningún flanco sin cubrir, el PP anunció ayer que se personará en el procedimiento judicial con el objetivo de exigir responsabilidades en el ámbito penal por los hechos que se van conociendo y con el fin de que la investigación llegue hasta el final «caiga quien caiga». Dada la envergadura de la trama de corrupción que afecta a varios ministerios, los populares van a hacer un seguimiento «en profundidad» sobre la misma. Para ello han constituido un grupo de trabajo para exigir que se depuren las responsabilidades políticas necesarias. Ese grupo estará formado por miembros de la dirección del partido y también del Grupo Popular Popular en el Congreso y en el Senado con sus respectivos portavoces al frente: Miguel Tellado y Alicia García. La vicesecretaria de política sanitaria, Ester Muñoz, por lo que afecta a este ministerio, y los de Interior y política autonómica, por implicar a varias comunidades, también formarán parte de los trabajos de seguimiento. Con ello buscan estar «vigilantes» sobre todo lo que vaya aconteciendo ante un caso que se lucró con el sufrimiento del Covid-19.
En el PP se mantienen a la espera de obtener luz verde a su personación y han solicitado, además, conocer las diligencias previas que se han planteado sobre el caso. El objetivo de la misma es que, desde el propio procedimiento, tratarán de exigir las responsabilidades oportunas del que, insisten, es el «caso Ábalos». Esta personación, indicó Cuca Gamarra, tiene un «origen lógico»: una denuncia formulada por el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, que es desde donde se inició la investigación y desde esa posición, los de denunciantes, solicitan estar personados en dicho procedimiento para así poder solicitar las actuaciones oportunas y con ello defender el cumplimiento de la ley y la lucha contra la corrupción.
Convoca un grupo de seguimiento para tratar su personación judicial y otras actuaciones