El Greco ya avisó de los posibles desvíos en abril de 2020
► Advirtió de que los contratos de urgencia se prestaban para prácticas corruptas como los que investiga el juez
En Europa lo veían venir. Por eso, advirtieron de posibles prácticas corruptas relacionadas con las contrataciones de la pandemia, como las del «caso Koldo» que actualmente investiga la Audiencia Nacional (AN). Menos de un mes después de que en el Ministerio de Transportes se formalizara el primero de los contratos que están bajo sospecha por el posible cobro de comisiones ilegales, el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) avisó de que las adjudicaciones de emergencia para adquirir material sanitario reunían todas las condiciones para derivar en un incremento de las irregularidades. El 15 de abril de 2020 dijo que «mientras se inyectan grandes cantidades de dinero para paliar la crisis (ahora y en un futuro próximo), no hay que subestimar los riesgos de corrupción». Claro y contundente
Es algo que constata la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al frente de las diligencias para desentrañar el entramado de sociedades y de conexiones del «caso Koldo», que tuvo su origen en empresas públicas dependientes de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos y cuyo primer contrato lo adjudicó Puertos del Estado el 21 de marzo de 2020. Los agentes de la UCO consideran que ese contexto configuró un panorama idóneo para que el exasesor de Ábalos, Koldo García, y los empresarios Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto se hicieran con los contratos que les generaron ingresos por 53 millones de euros. Y destacan los riesgos que suponía «la contratación mediante el procedimiento de negociado sin publicidad y carácter de emergencia».
Según el informe firmado un mes más tarde por el Greco, las circunstancias extraordinarias durante la crisis pandémica «no deben ser una justificación para eludir o abandonar las normas anticorrupción. Más bien todo lo contrario», subraya, a la vez que pide reforzar las medidas destinadas a prevenir prácticas ilegales. «Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas», coincide la Guardia Civil, que también se hace eco de parte del informe de la institución dependiente del Consejo de Europa, que alerta del riesgo de «corrupción en el sistema de contratación pública» en un momento muy temprano, casi al principio de los confinamientos.
«El brote de Covid-19 aumenta los riesgos de corrupción», advertía advertía sin ambages el Greco. Sobre las medidas de prevención para frenar o evitar estas prácticas, destacaba la necesidad de incrementar los niveles de transparencia en el sector público. «La necesidad de información periódica y fiable de las instituciones públicas es crucial en tiempos de emergencia». Sin embargo, en la mayoría de los contratos investigados se cumplió tarde o de forma incompleta con la rendición de cuentas en los portales de contratación pública o en los plazos para enviar la información al Consejo de Ministros.
El Grupo puso el acento en los procedimientos que «promuevan la competencia leal y disuadan a los corruptores». Precisamente, pone el foco en la legislación de emergencia, cuya eficiencia reconoce con el fin de adquirir suministros médicos críticos. Sin embargo, al mitigar los necesarios «controles y equilibrios» del gasto público, comporta un riesgo adicional. Precisamente en los contratos del «caso Koldo» se aprovechó este marco legal. «Los sistemas de adquisiciones también pueden convertirse en objetivos vulnerables», señala el documento, que incide en que «debe prohibirse que los funcionarios encargados de la contratación de empresas tengan contratos con los funcionarios que ejercen la supervisión o el control». La red de contactos descrita en el sumario del «caso Koldo» evidencian que esto también pudo producirse para fraguar el cobro de mordidas.
Dados los numerosos focos de irregularidades que ya advertía que se podían producir, incide en la necesidad de «aumentar la capacidad, la autoridad y la responsabilidad pública de las instituciones estatales encargadas de las funciones de regulación y control en relación con la gestión de los recursos públicos». El texto también aborda el uso de información privilegiada, algo que los informes confirman que se produjo en la también conocida como «operación Delorme», ya que la trama parecía conocer de antemano las necesidades de contratación en el Ministerio de Transportes. Para el Greco, esta «también es un área de riesgo» relevante para quienes «por su posición, tienen acceso a la misma». Las declaraciones de bienes de cargos públicos son fundamentales para identificar «operaciones dudosas» y «evitar influencias indebidas en la toma de decisiones públicas», recomendaba esa institución.
«A medida que la legislación de emergencia desplaza el poder hacia el Ejecutivo, es clave la supervisión de los otros poderes», advierte. Esa falta de control configuró el escenario ideal para que se diera el «caso Koldo».
«El brote de Covid-19 aumentó los riesgos de corrupción» en la contratación pública de material sanitario
La legislación de emergencia desplazó el poder hacia el Ejecutivo, advierte el informe europeo