Otra denuncia a la Fiscalía por la filtración de la pareja de Ayuso
► Manos Limpias solicita diligencias sancionadoras y cada vez más voces señalan la responsabilidad del Ministerio Público
La polémica por el comunicado que emitió el 14 de marzo la Fiscalía Provincial de Madrid está lejos de zanjarse. Ahora se suma una nueva denuncia por la posible vulneración de deber de confidencialidad. En la controvertida nota de prensa se daban a conocer detalles sobre la negociación entre el Ministerio Público y el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A las dos denuncias que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentará por la vía penal y por la administrativa sancionadora tras constatar que se había vulnerado el secreto profesional del letrado de Alberto González, se suma la denuncia ante el Consejo Fiscal del sindicato Manos Limpias, que presentó el 15 de marzo contra la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid y contra el fiscal que forma parte de la investigación contra el novio de Díaz Ayuso. González está siendo investigado por dos delitos fiscales y por otro de falsedad documental, ya que Hacienda cree que presentó facturas falsas.
En el escrito se da cuenta de una «presunta falta grave» por la supuesta vulneración del secreto de las comunicaciones. Según explicó el secretario general de la organización, Miguel Bernad –exculpado hace unos días por el Tribunal Supremo de delitos de extorsión y estafa que le atribuían en el marco del conocido como «caso Ausbanc»–, solicita a este órgano que inicie las diligencias disciplinarias correspondientes por esta filtración.
La denuncia de Manos Limpias se basa en la supuesta vulneración del Reglamento Fiscal, bajo la premisa de que los fiscales deben resguardar la confidencialidad y el sigilo de las negociaciones que desarrollan con los abogados defensores de los acusados. «Los fiscales estarán obligados a guardar el debido secreto de los asuntos reservados de que conozcan por razón de sus cargos y no hacer uso indebido de los informes obtenidos por razón de los mismos», señala el Reglamento en su artículo 122, al que apela esta última denuncia del caso.
El escándalo estalló cuando la Fiscalía Provincial de Madrid emitió un comunicado en el que intentaba responder a varias informaciones filtradas en distintos medios de comunicación. En la nota de prensa especificaba que «el único pacto de conformidad con reconocimiento de dos delitos fiscales que ha existido en la investigación investigación a Alberto González Amador es el propuesto por el letrado del investigado al fiscal el pasado 2 de febrero». Acto seguido, el documento detallaba una sucesión de hechos y negociaciones comprendidos entre el 23 de enero y el 12 de marzo que sostuvieron el abogado de González y el fiscal del caso con el objetivo de alcanzar un posible acuerdo de conformidad, que consiste en que la persona investigada reconoce haber cometido los delitos, pero evita tener que ir a prisión. Sin embargo, este acuerdo no se concretó.
El contenido del comunicado levantó ampollas no solo entre la carrera fiscal, también entre los profesionales de la abogacía porque se revelaban informaciones amparadas en el secreto profesional y en el deber de sigilo que rige al Ministerio Fiscal. Al conocer el impacto de la nota, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, convocó una reunión de urgencia con representantes del Consejo General de la Abogacía y del ICAM en la que estuvo presente la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Según pudo confirmar este periódico, en ese encuentro Rodríguez se atribuyó la responsabilidad de un comunicado.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado defendieron el comunicado porque consideran que no revelaba ninguna información que no se conociera, ya que se limitaba a recoger datos e incluso emails que ya habían aparecido previamente en medios de comunicación con el único objetivo de defender las actuaciones del fiscal del caso que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El cruce de filtraciones ha sido también objeto de crítica, pero el decano del ICAM marcaba la diferencia entre unos hechos y otros. Para Eugenio Ribón, el Colegio de la Abogacía no puede responder a filtraciones que hayan surgido como consecuencia del
La Fiscalía reveló las negociaciones comprendidas entre el 23 de enero y el pasado 12 de marzo
trabajo periodístico de los medios de comunicación. Sin embargo, la Junta de Gobierno consideró que sí debía iniciar actuaciones para depurar responsabilidades ante un documento firmado por la Fiscalía en el que se incluían datos de una negociación que, en este nivel institucional, estaba protegida.
Otras fuentes jurídicas han señalado a este periódico que el objetivo de la reunión de urgencia que mantuvo García Ortiz con los representantes de la abogacía era consensuar un comunicado conjunto que contribuyese a mitigar los daños causados por el polémico comunicado, algo que rechazaron las organizaciones.
Además de la petición planteada por la Asociación de Fiscales (AF), que pidió la dimisión de García Ortiz, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif) subrayó que en casos como este es necesario trasmitir unos mayores niveles de neutralidad. Y reiteró que «las propuestas emitidas y no ratificadas por un letrado en defensa de los intereses de su patrocinado no pueden ser desveladas por el Ministerio Fiscal».