«Creo en la justicia, no me fugaré»
► Alves pide a la Audiencia su libertad mientras se sustancian los recursos a su sentencia
La Audiencia de Barcelona celebró ayer la vista definitiva para decidir si deja a Dani Alves en libertad o si lo mantiene en prisión, después de que su defensa solicitara la excarcelación del futbolista hasta que la sentencia condenatoria por violar a una joven sea firme. Dani Alves quiere salir de la cárcel de forma inmediata, tras ser condenado a cuatro años y medio de cárcel, además de otros cinco de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación con la víctima durante nueve años y seis meses, y una indemnización de 150.000 y el pago de las costas del juicio, por el delito de agresión sexual que este cometió la noche del 30 de diciembre de 2022 en el baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. Así se desprende del último movimiento de su abogada, Inés Guardiola, quien ha vuelto a pedir su salida de la prisión mientras transcurre el periodo de tiempo en el que se tramitan los recursos presentados tras la sentencia condenatoria.
Además de la salida inmediata del jugador, la abogada de Alves, Inés Guardiola, pidió su absolución al considerar que las relaciones sexuales fueron consentidas. Asimismo, solicita que los 150.000 euros que Alves ha pagado a la denunciante en concepto de indemnización indemnización sean considerados un eximente muy cualificado que rebaje su condena al máximo posible. De ser aceptada esta petición, la pena del exdefensa caería hasta el año y medio, lo que le dejaría en libertad casi de inmediato.
Tanto su abogada como la de la víctima acudieron presencialmente a la Audiencia de Barcelona y el exjugador del Barcelona compareció por videoconferencia desde el complejo penitenciario de Brians 2. En su turno de palabra, el ex internacional brasileño trató de despejar el miedo de las partes que ha provocado que se le denegara su salida de la cárcel hasta en tres ocasiones. «No me fugaré», afirmó ante el Tribunal para negar de forma rotunda que exista riesgo de huida a otro país, subrayando que su lugar de residencia es Barcelona. La defensa ha propuesto medidas alternativas como una fianza de 50.000 euros, la retirada de los dos pasaportes (uno español y otro brasileño) y la presentación periódica en los juzgados. Dani Alves concluyó dirigiéndose directamente al Tribunal: «Confío en la justicia y siempre estaré a su disposición. Pienso llegar hasta el final», confirmaba. La Audiencia no tomó ayer la decisión de si deja o no en libertad al acusado, aunque es muy probable que en breve haga público si le deja en libertad mientras el TSJC estudia los recursos que la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la víctima y la defensa presentaron tras la sentencia.
Ayer mismo también, la Fiscalía pidió elevar a nueve años de cárcel la pena al futbolista, al rechazar que se le aplicara un atenuante por los 150.000 euros que pagó para indemnizar a la víctima: «No hubo voluntad real de repararle el mal causado». En su recurso, la Fiscalía discute que los 150.000 euros que Alves ingresó en la cuenta del juzgado –después de que la jueza instructora le fijara esa suma como fianza– fueran para entregárselos a la víctima «sin ningún tipo de condicionante y con independencia del resultado final del procedimiento».
Una cuestión de la que discrepa la defensa, que sostiene que el futbolista pidió hasta en dos ocasiones al tribunal que el dinero se entregara a la víctima, antes de saberse el resultado del juicio, lo que la joven rechazó. Para la Fiscalía, Alves consignó el dinero «a requerimiento del tribunal, como fianza», pero su propia defensa, en su calificación alternativa en la que proponía un año de cárcel para el futbolista (resultado de aplicarle tres atenuantes), cifraba en 50.000 euros la indemnización para la víctima.
El Ministerio Público cree también que en los delitos contra la libertad sexual «los perjuicios sufridos por la víctima nunca se pueden compensar completamente con dinero, sino que tiene que existir una voluntad real de reparar el mal causado», lo que no cree que suceda en este caso.
La Fiscalía reclama elevar a nueve años la pena, al considerar que el pago de dinero no es un atenuante