El fiscal general cita a las tres asociaciones por la futura LECrim
► El ministro de Justicia quiere impulsar una nueva ley, tal como planteó Junts
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado a los presidentes de las tres asociaciones de fiscales a una reunión la próxima semana para analizar los términos de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en el marco del impulso que desde el Gobierno se le quiere dar a la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
La intención de recuperar el proyecto de una nueva norma la reveló el propio ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hace unos días, después de reunirse con los representantes de la Carrera Fiscal. En el encuentro, celebrado el martes y el miércoles pasado, Bolaños expresó su voluntad de tramitar un nuevo texto legal y también adelantó que la iniciativa se desarrollaría en paralelo y de forma simultánea a una reforma del estatuto que rige el funcionamiento del Ministerio Público, de manera que las fiscalías se adapten a esta nueva realidad.
La reunión convocada por García Ortiz pretende sentar los primeros pasos para crear un grupo de trabajo que desarrolle esta reforma que pretende dejar en manos del Ministerio Fiscal las labores de investigación en el marco de procedimientos penales, para que sean los fiscales quienes desarrollen esta función clave en la persecución de los delitos. El miércoles 10 de abril el fiscal general se reunirá con la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y a Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), solo una semana después de que se hayan citado con el ministro de Justicia.
Este cambio en el texto legal no es nada nuevo. Se trata de un proyecto que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó en la pasada legislatura, aunque ha tenido que afrontar algunos obstáculos. Y es que todavía está pendiente del informe preceptivo que debe emitir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que no ha hecho en tres años. Este movimiento para impulsar una nueva LECrim se produce después de que Junts planteara la necesidad de acortar los plazos de instrucción en el marco de las negociaciones de la ley de amnistía. Pero Bolaños insiste en que es una reforma necesaria porque estamos «juzgando delitos del siglo XXI con una norma procesal del siglo XIX».