La Fiscalía rechaza indultar a Griñán: cometió delitos graves
► Sobre la «honradez», recuerda que en su mandato se dieron «ayudas ilegales por 427 millones»
La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado su rotunda oposición a que se indulte a los políticos socialistas condenados por el caso ERE, incluyendo al expresidente andaluz José Antonio Griñán. En diferentes escritos remitidos a la Audiencia de Sevilla de cara al pronunciamiento que dicha instancia judicial debe emitir sobre las distintas peticiones de indulto de los condenados ante el Ministerio de Justicia, razona su negativa de manera contundente.
Tras analizar las solicitudes, la Fiscalía entiende que los argumentos esgrimidos en cada uno de los apartados para justificar la solicitud de indulto parcial de las penas impuestas en sentencia, petición sustentada en razones de justicia y equidad , revela que «ninguna de ellas guarda relación con la naturaleza y finalidad del instituto del indulto y su norma reguladora».
Uno a uno, desmonta todos los argumentos de los condenados y, en el caso de Griñán, señala que «la conducta criminal» protagonizada por el expresidente de la Junta de Andalucía «ha sido enjuiciada con ecuanimidad».
Sobre los recurrentes argumentos de que Griñán «no se ha llevado ni un euro» y que «no se ha enriquecido», la Fiscalía recalca que «no se exige el lucro personal del sustractor, sino su actuación con ánimo de cualquier beneficio, incluso no patrimonial, que existirá, aunque la intención de lucrar se refiera al beneficio de un tercero.»
En este sentido, el escrito se muestra muy duro porque el solicitante de indulto –Griñán– «detalla la trayectoria personal y profesional del condenado, con un reconocimiento público de la misma y de su honestidad y honradez», cuestión que pone en duda porque «se le condena por los delitos más graves cometidos en el seno de la Administración Pública y en su ejecución se detecta un evidente y flagrante quebranto de la probidad en el ejercicio de la función pública». Recuerda que ha sido condenado por malversación y que «durante el mandato del acusado en los cargos ya detallados se dispuso de créditos presupuestarios para la concesión de ayudas ilegales por un importe superior a 427 millones de euros».
Concluye la Fiscalía con un mensaje taxativo: «La corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de derecho, en el que han de prevalecer principios como la igualdad ante la ley».
«La corrupción política y la desviación de poder son incompatibles» en democracia