El FMI pide a Sánchez un ajuste fiscal de 9.000 millones al año
► Advierte sobre la insostenibilidad de las pensiones y reclama que recorte gasto
44.000 millones de euros de ajuste. Esa es la cantidad que el Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que el Gobierno español necesita implementar durante los próximos años en un programa de consolidación para reducir el nivel de endeudamiento y reconstruir el espacio fiscal. Pese a que los técnicos del FMI destacan la «gran resiliencia» mostrada por la economía española en un contexto de debilitamiento del crecimiento en la zona euro y endurecimiento de las condiciones financieras –que permitió al país crecer un 2,5% en 2023, superando la media de sus socios europeos y destacando entre las economías avanzadas–, recomendó ayer un ajuste acumulado del déficit de tres puntos porcentuales de PIB, lo que en términos nominales serían esos 44.000 millones de euros durante los próximos cuatro años.
Así lo reflejan las conclusiones de la delegación del FMI que ha visitado España y que considera que aunque la economía española esté funcionando «casi a plena capacidad» y se esté beneficiando de la llegada de los fondos europeos, el Gobierno debe afrontar una «orientación fiscal restrictiva sostenida», con el fin de restablecer la capacidad de la política fiscal para responder adecuadamente a futuras crisis y reducir la elevada deuda a medio plazo, que no bajará del 104% del PIB en ausencia de medidas adicionales de consolidación fiscal. Entre estas medidas adicionales apunta sobre todas las posibles una reducción «sustancialmente alta de los niveles de gasto», sobre todo porque el coste del sistema de pensiones «tensionará las finanzas públicas por culpa del gasto creciente vinculado al envejecimiento de la población», que generará «fuertes presiones adicionales si no se mantiene el alto nivel de ingresos» en el curso de la próxima década.
Este esfuerzo adicional que debe afrontar el Gobierno debería hacerse con un ajuste fiscal anual de 0,6 puntos porcentuales anuales, casi 9.000 millones de euros, cifra que «será más que suficiente» para cumplir con los requisitos establecidos por las nuevas reglas fiscales.
En materia de empleo reclama pide prudencia al abordar subidas del SMI o la reducción de la jornada, aligerar las legislaciones de protección al empleo y los costes del despido.