El PSOE se enreda con la citación de tres fiscales en el Congreso
► Los socialistas evitan concretar si van a desconvocarlos tras el toque de atención de García Ortiz y Bolaños
La Comisión de Investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia que va a desarrollarse en el Congreso de los Diputados ha empezado con mal pie para el PSOE. Tanto que el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz se vio obligado el martes por la tarde a enviar una carta al presidente de la Comisión, el socialista Alejandro Soler, para que «reconsidere» la decisión de llamar a comparecer al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. A renglón seguido, el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños también se ha visto forzado a seguir la misma línea y ha salido a desautorizar a su propio partido. De momento, fuentes del PSOE evitan decir qué van a hacer: si van a reelaborar la lista de comparecientes para retirar a los fiscales citados o no.
La Fiscalía aduce que Anticorrupción «está directamente involucrada en muchos procedimientos objeto de la comisión y eso podría perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal, que es el ejercicio de la acción penal pública». «La comparecencia podría constituir un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones», argumentan desde el Ministerio Público.
En total, el listado de comparecientes pactado entre el PSOE y sus socios incluye a 134 personas, de las cuales hay tres fiscales: además de Alejandro Luzón, están Ignacio de Lucas Martín (Fiscalía Europea que investiga el «caso Koldo») y Laura Codruta Kövesi (fiscal general de la Unión Europea). Los socialistas aducen que la idea de citar a fiscales no fue de ellos, sino que vino exigida por sus socios independentistas.
En este sentido, los promotores de la Comisión de Investigación quieren situar en el centro a Isabel Díaz Ayuso y su familia: de ahí que hayan citado a Luzón, ya que es el fiscal que archivó la investigación del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid ya que concluyó que no había incurrido en ninguna irregularidad. Anticorrupción investigó un contrato de mascarillas de 1,5 millones de euros que supuestamente beneficiaba al hermano de Ayuso, pero no se detectó ninguna ilegalidad. En la Comisión de Investigación están citados tanto Luzón como Ayuso pese a que no hay ninguna investigación judicial por las mascarillas en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
De hecho, el PSOE ha hecho oídos sordos al propio Fiscal General del Estado ya que ya había advertido anteriormente que no se puede citar ni a jueces ni a fiscales a las comisiones de investigación, en referencia a las investigaciones parlamentarias del «lawfare» que ha pactado el PSOE con los independentistas. El propio PSOE había defendido hace meses no incluir a jueces en las comisiones políticas.
El toque de atención del fiscal general ha acabado generando una polémica interna entre el Gobierno y el propio PSOE. Y es que el Ejecutivo, tras conocerse la opinión de la Fiscalía, corrigió inmediatamente a su propio partido.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó ayer desde Valencia que «no tiene ningún sentido» que jueces y fiscales declaren en comisiones de investigaciones parlamentarias.
Según el Ejecutivo, «tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales». Opinión que respaldó posteriormente la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien aseguró que «no era vocación del PSOE» citar a los fiscales en la comisión, pero que hay que «respetar» las comparecencias que puedan plantear los partidos. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, también se alejó de la decisión de los socialistas de citar a los fiscales. «No es el procedimiento más adecuado llevar a jueces y fiscales al ámbito de comisiones porque ellos tienen su trabajo que
El PSOE acordó con los separatistas llamar a tres fiscales: entre ellos, al jefe de Anticorrupción
realizar», siempre «sometidos a la ley y a la independencia», recalcó la ministra.
Para salir de este enredo, según explican fuentes jurídicas, el PSOE podría formular un nuevo acuerdo que revoque la decisión de citar a los tres fiscales, aunque está por ver cómo procede y si esto acaba generando una nueva polémica. En todo caso, los socialistas deberán de presentar un escrito y, sobre todo, motivarlo suficientemente, algo que no va a ser fácil porque supondrá una autoenmienda.
Por ahora, en el PSOE evitan concretar qué van a hacer pese al toque de atención del fiscal general del estado García Ortiz y del ministro Bolaños. Y es que, la opción de presentar una nueva lista tampoco convence demasiado a los socialistas, puesto que ese documento debe ser aceptado por el resto de grupos, los cuales, están de acuerdo en citar a los fiscales a la comisión de investigación. Fuentes parlamentarias indican que otra de las fórmulas podría ser la de dejar la misma lista y alargar su citación. Es decir, dejarla para el final, con el convencimiento de que finalmente no acuda a la comisión por la falta de tiempo ante los 134 comparecientes que conforman la lista del PSOE y sus socios.
La comparecencia del fiscal Luzón fue solicitada por Bildu, quien ahora avisa al PSOE de que no retirará su nombre de la lista, puesto que eso supondría modificar el listado aprobado previamente. Se muestran sorprendidos, además, de que después de incluirlo y aceptarlo los socialistas, ahora lo rechacen.
Por su parte, el sentir de la Asociación de Fiscales (AF) es el de considerar que la convocatoria de los cuatro fiscales supone un «nuevo ataque al Estado de derecho» y un intento de «instrumentalizar políticamente, controlar y condicionar la actuación de instituciones encargadas de perseguir delitos de corrupción». Según apunta la organización mayoritaria de la carrera fiscal, esta «intervención» de uno de los Poderes del Estado en la actuación de órganos «que deben ser independientes» supone un perjuicio para los principios del Estado de derecho y «quebranta principios esenciales del Derecho español y el de la Unión Europea». También recuerda que alertan de manera constante tanto a las instituciones europeas como a la opinión pública española de lo que considera que son «ataques interesados políticamente a fiscales y jueces».